El ministro de Transportes confirmó que en febrero de 2026 ingresarán al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia las bases de licitación para la nueva concesión del puerto de Iquique, dando inicio formal a un proceso clave para el futuro logístico del norte del país.
El puerto no duerme, pero sí espera. Grúas inmóviles, explanadas silenciosas y contratos que avanzan inexorablemente hacia su fecha de vencimiento. En ese escenario, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, decidió poner fecha, tribunal y ruta clara: en febrero de 2026 ingresarán al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) las bases de licitación para la nueva concesión del puerto de Iquique. El anuncio no es menor. Marca el punto de no retorno de un proceso que compromete inversiones millonarias y el futuro logístico del norte grande.
La señal busca despejar un ruido que se venía acumulando hace meses en la industria marítimo-portuaria. Empresas, expertos y equipos técnicos del próximo gobierno habían advertido posibles retrasos en la relicitación de seis grandes concesiones portuarias del país, todas con contratos que expiran hacia 2030. El temor era concreto: demoras que terminen afectando la eficiencia logística, encareciendo el comercio exterior y sembrando incertidumbre entre inversionistas en un momento en que la competencia regional se intensifica.
Un hito que abre la carrera
Ingresar las bases al TDLC no es un trámite administrativo más. Es el paso que permite revisar si las condiciones de la licitación resguardan la libre competencia, fijar reglas claras del juego y, en la práctica, abrir formalmente la carrera por el control de terminales estratégicos. En el caso de Iquique, el ministro confirmó que ya existe una etapa previa avanzada: consorcios de alto nivel internacional se han precalificado y manifestado interés real, presentando credenciales técnicas y financieras.
“Esperamos que estos actores efectivamente presenten ofertas”, señaló Muñoz, dejando entrever que el proceso no será simbólico, sino altamente competitivo. En juego están inversiones que, sumadas a otros procesos similares, superan los US$ 2.000 millones, en una de las mayores oleadas de renovación portuaria desde que Chile concesionó sus puertos a comienzos de los años 2000.
Iquique en el tablero regional
La urgencia no es casual. El mapa logístico sudamericano está cambiando. El megapuerto de Chancay, en Perú, avanza como un nuevo polo de atracción para grandes líneas navieras, despertando inquietud en sectores que temen que Chile pierda protagonismo. El ministro, sin embargo, relativizó el antagonismo.
“Chancay tiene una capacidad de alrededor de 1,5 millones de contenedores al año. Solo San Antonio hoy maneja 2,5 millones de TEU, y el Puerto Exterior sumará otros seis millones”, explicó, llamando a mirar el escenario con perspectiva. Para Muñoz, más que una amenaza, el desarrollo peruano convierte a Sudamérica en un destino más atractivo para naves de gran envergadura, algo que también puede beneficiar a los puertos chilenos.
En ese contexto, Iquique cumple un rol clave como puerta de entrada y salida del comercio del norte, vinculado no solo a Chile, sino también a flujos regionales y zonas francas. Su concesión no es un asunto local: es parte del engranaje mayor del sistema portuario nacional.
La primera gran ola de renovaciones
El ingreso de las bases de Iquique al TDLC forma parte de lo que el propio ministro definió como la primera oleada de renovaciones de concesiones portuarias. En ese mismo paquete están considerados los terminales de San Vicente (Talcahuano) y San Antonio, incluyendo los contratos de STI y Panul. En Valparaíso, los procesos ya han avanzado: la ampliación portuaria ingresó al tribunal en noviembre de 2024 y la transición del Terminal 2 fue revisada durante 2025.
La meta del actual gobierno es clara: dejar los procesos encarrilados antes del cambio de mando, con licitaciones avanzadas y, ojalá, con ofertas concretas sobre la mesa. “Las inversiones en infraestructura portuaria exigen mirada de largo plazo y entender que los proyectos de Estado no empiezan ni terminan con un solo gobierno”, enfatizó Muñoz.
Continuidad más allá de la política
La discusión no ocurre en el vacío. Desde el equipo del presidente electo, José Antonio Kast, se ha planteado la necesidad de revisar la gobernanza portuaria, incluso evaluando una coordinación nacional más fuerte. El ministro no cerró la puerta a la idea y reconoció que una agencia coordinadora podría ayudar a ordenar un sistema hoy heterogéneo, donde conviven puertos públicos, privados y de uso mixto bajo reglas distintas.
Aun así, defendió la continuidad de los grandes proyectos en curso, como el megapuerto de San Antonio, destacando que ha sido impulsado por gobiernos de distinto signo político. “Eso es lo que diferencia a un país que funciona: la capacidad de construir sobre lo que hicieron otros”, sostuvo.
Lo que viene
Con febrero marcado en el calendario, el puerto de Iquique entra en cuenta regresiva. El ingreso de las bases al TDLC será el punto de partida de un proceso que definirá quién operará el terminal, bajo qué condiciones y con qué nivel de inversión durante las próximas décadas.
Mientras tanto, en los muelles del norte, el movimiento no se detiene. Contenedores entran y salen, las grúas siguen su coreografía diaria y el comercio exterior no espera. La diferencia es que ahora, por primera vez en años, el futuro del puerto comienza a escribirse con fechas, reglas claras y una señal política nítida: el reloj ya empezó a correr.
