Bajo el sol inclemente del Tamarugal, donde el silencio siempre fue una forma de respeto, hoy hablan los tribunales. La Comunidad Indígena Aymara de Casa Blanca logró que la justicia ambiental abriera un proceso inédito por la presunta devastación de un cementerio ancestral. No es solo un litigio: es una disputa entre el hormigón y la memoria.
En el desierto de Tarapacá, la tierra no es solo tierra. Es archivo, es altar, es herencia. Y cuando esa tierra se remueve sin permiso, lo que emerge no es progreso, sino conflicto. Así lo entiende la Comunidad Indígena Aymara de Casa Blanca, que esta semana dio un paso decisivo en su larga batalla: el Primer Tribunal Ambiental admitió a trámite la demanda por daño ambiental interpuesta contra el Ministerio de Obras Públicas (MOP), a través de su Dirección de Obras Hidráulicas en Tarapacá.
El caso apunta a un lugar cargado de historia y espiritualidad: el monumento arqueológico Gentilar Los Hornos de Casa Blanca, ubicado en la comuna de Huara. Allí, según acusa la comunidad, una serie de obras estatales ejecutadas durante años terminaron por afectar de manera grave e irreversible un cementerio prehispánico, removiendo no solo piedras y tierra, sino también los restos de los antepasados.
El desierto herido
La demanda, patrocinada por la abogada Paulina González Quiroga, no busca indemnizaciones monetarias. Busca algo más complejo y profundo: que el tribunal declare la existencia de daño ambiental y ordene al Estado reparar lo destruido mediante un programa de reparación por equivalencia, tal como lo establece la Ley N° 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente.
Según el relato judicial, el daño no fue un hecho aislado ni accidental. Fue el resultado de intervenciones sucesivas desde el año 2014, vinculadas a obras públicas que incluyeron postación, apertura de caminos, mejoras en infraestructura de riego, trazado de rutas y la instalación de líneas eléctricas. Cada obra, afirman, fue sumando impacto sobre un territorio arqueológico que nunca debió ser tratado como un sitio cualquiera.
El punto de quiebre, de acuerdo con la comunidad, ocurrió entre fines de noviembre y comienzos de diciembre de 2020. En ese período, una empresa contratista —en el marco de trabajos de conservación de canales fiscales— ingresó con maquinaria pesada al área del cementerio, removiendo grandes volúmenes de suelo y destruyendo estructuras funerarias ancestrales. El resultado, descrito en la demanda, es crudo: cistas arrasadas, fardos funerarios dañados y restos humanos, cerámicas y textiles dispersos sobre la superficie del desierto.
Todo esto, sostienen, ocurrió pese a las advertencias explícitas de la comunidad y en contravención directa a la legislación que protege los monumentos nacionales.
Más que daño ambiental: una herida cultural
El escrito judicial no se limita a describir daños materiales. Califica lo ocurrido como un daño ambiental y patrimonial de carácter acumulativo, permanente y continuo, cuyas consecuencias serían irreparables desde el punto de vista científico, cultural y espiritual.
Para la Comunidad Aymara de Casa Blanca, el Gentilar Los Hornos no es un sitio arqueológico abstracto ni un objeto de estudio académico. Es un cerro sagrado, un espacio vinculado a los “antiguos”, a los ancestros que descansan allí desde tiempos prehispánicos. Un lugar que, generación tras generación, fue protegido mediante prácticas de respeto, restricción de acceso y cuidado simbólico.
La remoción del contexto arqueológico, argumentan, no solo destruye información invaluable sobre las ocupaciones humanas del pasado. Vulnera la identidad misma de la comunidad, al profanar el espacio donde reposaban sus muertos.
Lo que exige la comunidad
En su petitorio, la comunidad solicita que el tribunal declare que el daño fue causado por culpa del MOP – Dirección de Obras Hidráulicas de Tarapacá, y que se le ordene implementar un programa de reparación por equivalencia, elaborado con respaldo técnico y participación directa de la comunidad afectada.
Entre las medidas solicitadas se incluyen, al menos:
- La instalación de un cierre perimetral eficaz que proteja todo el monumento arqueológico.
- Señalización visible y permanente que advierta la presencia de material arqueológico y prohíba cualquier intervención no autorizada.
- Acciones de resguardo que abarquen la totalidad del complejo Gentilar Los Hornos.
Un sitio con siglos de historia
La demanda detalla que el Gentilar Los Hornos está protegido por la Ley N° 17.288 de Monumentos Nacionales y corresponde a un complejo arqueológico de alto valor, que integra vestigios arquitectónicos prehispánicos, dos cementerios gentilares y estructuras metalúrgicas tradicionales, conocidas como huayrachinas o wayras. Su ocupación se extiende desde épocas prehispánicas hasta períodos coloniales y republicanos, convirtiéndolo en un verdadero palimpsesto del pasado andino.
El proceso que comienza
Con la admisión a trámite, el conflicto entra de lleno en la arena judicial. El siguiente paso será la notificación formal de la demanda, tras lo cual el Ministerio de Obras Públicas deberá responder, presentar sus defensas y explicar su actuación en un territorio que hoy aparece marcado por la controversia.
Mientras tanto, el desierto sigue ahí. Callado, aparentemente inmóvil. Pero bajo su superficie, la historia removida exige algo más que obras: exige responsabilidad. Y esta vez, será un tribunal el que decida si el progreso cruzó una línea que nunca debió traspasar.
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