La polémica reforma constitucional presentada por el diputado Gaspar Rivas busca otorgar al Presidente la facultad de disolver el Congreso si éste rechaza un proyecto declarado “esencial”, permitiéndole gobernar durante seis meses mediante decretos con fuerza de ley y sin contrapesos. La iniciativa, ingresada al Parlamento bajo el boletín 17989-07, ha generado alertas en sectores políticos y expertos constitucionalistas, quienes advierten un riesgo de concentración de poder y una posible alteración del equilibrio democrático en Chile.
Un proyecto de reforma constitucional presentado por el diputado independiente Gaspar Rivas ha encendido una de las polémicas más intensas del año político en Chile al proponer que el Presidente de la República pueda disolver el Congreso Nacional si éste rechaza o altera de manera sustancial un “mensaje esencial” del Ejecutivo, para luego gobernar con decretos con fuerza de ley durante seis meses hasta la elección de un nuevo Parlamento. La iniciativa, catalogada por críticos como un avance hacia una concentración peligrosa de poder y un debilitamiento directo de la democracia, ha generado un debate que atraviesa a toda la clase política y a expertos constitucionalistas.
UN PROYECTO QUE SACUDE LOS CIMIENTOS DE LA REPÚBLICA
El proyecto de reforma constitucional —registrado bajo el boletín 17989-07 y presentado el 21 de noviembre pasado— propone introducir en la Carta Fundamental una serie de modificaciones estructurales: un nuevo “estado de justicia” que otorgaría al Presidente facultades extraordinarias, la posibilidad de declarar mensajes como “Esenciales para el Interés Superior de la Nación” y, bajo determinadas condiciones, la facultad de disolver el Congreso Nacional y asumir temporalmente funciones legislativas.
Según el texto, el jefe de Estado, con la firma de todos sus ministros, podrá declarar un mensaje esencial respecto de materias como seguridad pública, previsión social, empresas públicas o recursos naturales. Si el Congreso rechaza ese mensaje o lo modifica de forma sustancial, entonces —según la propuesta— el Presidente estaría habilitado para disolver ambas cámaras del Parlamento y asumir la función de legislar por decretos con fuerza de ley durante 180 días, plazo en el cual no serían aplicables diversas normas constitucionales de control y proceso legislativo.
Además, la iniciativa contempla incorporar un artículo 129 bis que establece que cualquier norma jurídica contraria al texto, espíritu o esencia de la Constitución quedaría derogada automáticamente, incluso con efecto retroactivo.
¿ESTADO DE JUSTICIA O GOLPE DEMOCRÁTICO?
La propuesta de Rivas no ha pasado desapercibida ni desapasionadamente. Desde distintos sectores parlamentarios han surgido advertencias y críticas tajantes. La diputada Lorena Fries (FA) ha señalado que aceptar un proyecto de este tipo implicaría estar “en la fase inicial del vaciamiento de la democracia y del Estado de Derecho”, al erosionar uno de los pilares fundamentales de la República: la separación y los contrapesos entre poderes del Estado.
Por su parte, sectores de la derecha como la diputada Camila Flores (RN) han calificado la iniciativa como “profundamente irresponsable”, advirtiendo que concentraría poder en el Ejecutivo y socavaría las garantías institucionales. El diputado Raúl Leiva (PS) también ha cuestionado que carece de fundamento técnico, jurídico y democrático, poniendo en duda su viabilidad práctica.
CONTRAPESOS, SEGURIDAD JURÍDICA Y TEMORES CIUDADANOS
Aunque el propio proyecto argumenta que responde a la necesidad de “corregir errores éticos o jurídicos” e introducir mecanismos rápidos para atender necesidades sociales urgentes, la oposición interna —y algunos constitucionalistas consultados en medios— sostienen que lo que enuncia puede derivar en un poder presidencial sin límites claros, con efectos impredecibles para el equilibrio de poderes y las libertades fundamentales.
La sociedad civil, a través de redes y foros públicos, ha reaccionado con incredulidad e inquietud, con comentarios que señalan que una medida de este tipo podría abrir la puerta a un Ejecutivo con facultades similares a las de regímenes autoritarios. Este debate se intensifica en un contexto donde, según algunas publicaciones en redes sociales, la iniciativa es vista por algunos como un intento de preparar el terreno para una concentración de facultades en el Ejecutivo, especialmente de cara a próximos escenarios políticos.
UN PROYECTO EN TÉRMINO INICIAL, PERO DE EFECTOS POTENCIALMENTE HISTÓRICOS
Hasta ahora, la iniciativa de Gaspar Rivas se encuentra en primer trámite constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde deberá ser analizada por la Comisión de Constitución antes de avanzar o ser archivada. Incluso muchos de sus propios colegas consideran que no tiene los votos necesarios para prosperar en su forma actual.
Sin embargo, el solo hecho de que una propuesta de este tipo haya sido ingresada ha desatado un debate intenso sobre los límites del poder, la defensa del Estado de Derecho y los riesgos de concentrar facultades excepcionales en manos de una sola autoridad. Más allá de la discusión técnica, el trasfondo político y social de esta reforma ha puesto en el centro de la agenda nacional la pregunta de qué significa realmente fortalecer la democracia y hasta qué punto la Carta Fundamental puede, o debe, ser modificada.
Este debate, insólito y de enorme envergadura, apenas comienza.
Y lo que está en juego no es solo una reforma: es la definición misma de cómo se ejerce el poder en Chile.
