La delegación presidencial ya da los primeros pasos en relación con la orden de desalojo que dictaminó la Corte Suprema, los que comprenden la realización de un catastro, la creación de una estrategia de trabajo y la posible creación de un albergue transitorio producto de los antecedentes que se recolecten en este primer proceso.
Producto de la crisis migratoria que ha vivido el país, la creación de tomas, campamentos y asentamientos precarios, han ido en alza. En relación con ello, Tarapacá ha visto este incremento de una manera impresionante, al igual que Valparaíso. Por lo que, con el dictamen de la Suprema, ya se comienzan a desarrollar acciones de forma intersectorial.
En relación con ello, hoy el Gobierno Regional inició un masivo catastro en una de las tomas de Alto Molle, en cumplimiento de una orden de desalojo emanada por la Corte Suprema para la restitución del bien. La acción, que involucra a cerca de 30 funcionarios de diversos servicios, busca recopilar datos sociales actualizados de las aproximadamente 700 viviendas del sector antes de que se cumpla el plazo fatal fijado para enero.
Es así como el delegado Presidencial, Pedro Medalla, confirmó que el despliegue es el resultado de meses de coordinación entre servicios públicos. El operativo se realiza para dar cumplimiento a la orden judicial sobre el terreno privado, contando con el resguardo de Carabineros para la seguridad de los funcionarios.
Pedro Medalla destacó la complejidad del operativo: «En estos momentos estamos con 30 funcionarios de distintos servicios públicos desplegados ya desde muy temprano en la mañana… Es un trabajo que probablemente no se va a hacer solamente en una jornada, puesto que es un sector bastante extenso, calculamos que son aproximadamente 700 viviendas que hay que catastrar en el sector.»
Se espera que el catastro, para el cual se utilizó un instrumento digital proporcionado por Serviu, esté finalizado a mediados de la próxima semana, cumpliendo así con el plazo previo al mes de enero.
CATASTRO PARA SOLUCIONES DIGNAS Y TAREA DE ESTADO
El objetivo primordial del levantamiento de información es obtener datos sobre las condiciones sociales de los ocupantes (migrantes, niños, adultos mayores), para así poder articular una solución digna y determinar su integración a los programas habitacionales del Gobierno. La línea de solución, según la autoridad, será variada y dependerá de la situación de cada familia.
Diego Rebolledo, seremi del MINVU, destacó que el catastro es el «primer paso que hay que dar para poder encontrar una solución definitiva», enfatizando la necesidad de cumplir los fallos sin olvidar la necesidad de vivienda que tienen las personas. El MINVU ha sido claro en que se debe velar «de manera social y humanitaria por la necesidad de vivienda que tienen las personas».
Respecto a las alternativas de alojamiento, el Delegado Medalla señaló que la Municipalidad debe cumplir un factor primordial como articulador, siendo quien tiene que entregar una solución de albergue transitorio a las personas que lo necesiten.
INDH OFICIA A AUTORIDADES
Finalmente, es importante recordar que la Corte Suprema, al ordenar el desalojo, dispuso que las autoridades deben observar «estándares mínimos o bases comunes, en los términos que derivan de los pactos internacionales sobre Derechos Humanos», prestando especial consideración a la vulnerabilidad social y económica de las personas.
Ante esto, la sede de Tarapacá del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ofició a la Delegación Presidencial, la Seremi de Desarrollo Social, Carabineros y la Municipalidad de Alto Hospicio para conocer los antecedentes sobre la ejecución de la medida. Las consultas del INDH se centran en el plan de reasentamiento de las familias, la implementación de un albergue transitorio por parte del municipio y el protocolo de Carabineros para garantizar que la acción cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos.
