El Ministerio de Energía activó una citación urgente a todas las empresas de transmisión tras detectar inconsistencias graves en la información con que se calculan las cuentas de luz entre 2020 y 2023. La autoridad exige que las compañías aclaren por qué entregaron datos incompletos o sin respaldo técnico, advierte posibles sobrecobros y anticipa eventuales multas y ajustes tarifarios.
El panorama eléctrico se encendió como una alarma republicana: la cartera de Energía anunció que ha detectado “deficiencias gravísimas” en la información entregada por varias empresas de transmisión —datos incompletos, sin respaldo técnico y, en muchos casos, lejos de los estándares esperados—, componentes que intervienen directamente en la fórmula que fija el valor que pagamos en la boleta de la luz. En consecuencia, convocó a todas las transmisoras para una reunión urgente, donde deberán dar explicaciones y presentar correcciones inmediatas.
Es un sacudón para un sistema que ya venía cuestionado por el reciente sobrecosto asociado a la valorización de activos de la empresa Transelec, y por errores admitidos por la Comisión Nacional de Energía (CNE).
El ministro no descartó que este episodio desemboque en nuevos sobrecobros —o subcobros— a los usuarios, y anunció que las compañías podrían enfrentar multas significativas si no entregan datos claros, verificables y correctamente respaldados.
Cómo se desató la crisis de datos
Según la investigación preliminar que encargó la CNE al Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), la evaluación de los activos de transmisión —líneas, torres, subestaciones y demás infraestructura entre 2020 y 2023— dejó en evidencia que muchos de los valores declarados “se alejan de los datos estándar de las instalaciones”.
El problema no es menor: esos valores sirven para calcular los costos de transmisión que luego se transfieren a los consumidores. Si las cifras están infladas, los usuarios pagan de más. Si están subvaloradas, podría subvalorar la red, con efectos en el mantenimiento y expansión. El ministro García lo explicó con crudeza:
“Lo que hemos descubierto … es que el respaldo de esas inversiones es muy débil. Requiere ser informado con mayor exactitud por parte de las empresas”.
Empresas reaccionan con cautela: datos preliminares, dicen
Ante la ola de alarmas, el gremio del sector —representado en la Asociación de Transmisoras de Chile— respondió que los hallazgos siguen siendo “preliminares” y que aún no conocen la metodología exacta con que el CEN realizó la revisión. Por ello, advierten que es prematuro atribuir impactos o cuantificar posibles cobros improcedentes.
Las transmisoras también recordaron que el proceso tarifario es “altamente técnico” y regulado, y que durante años han declarado sus inversiones “de buena fe”. Pero admitieron que el escrutinio obligatorio demandará ahora una revisión minuciosa de sus bases.
Gobierno prepara plan de contingencia: posibles devoluciones, sanciones y reestructuración tarifaria
El ministro García dejó claro que el Gobierno ya no actuará con tibieza. Si los datos aportados por las empresas no son confiables, se aplicarán multas significativas y medidas correctivas inmediatas.
Además, no descartó que en enero de 2026 se aplique una reducción promedio en las tarifas: en el caso de la sobrevaloración reconocida de Transelec, la propia empresa aceptó devolver los montos cobrados en exceso.
Y algo más: se evalúa solicitar la creación de una comisión investigadora parlamentaria, ante la gravedad del episodio y la pérdida de credibilidad en el sistema tarifario.
El pulso social se enciende: usuarios y políticos exigen transparencia
El escándalo no solo avanza por pasillos ministeriales. Desde la calle, el rubro político ya moviliza cartas. Parlamentarios de oposición calificaron el hecho como un “abuso tarifario” e instan a sanciones ejemplares para las compañías involucradas. Exigen también una revisión profunda del sistema eléctrico para evitar que el problema se repita.
Para los hogares y negocios, la incertidumbre crece: muchos se preguntan si lo que han pagado de más se devolverá, cuándo, y quién asumirá la responsabilidad real. Las cuentas de luz, hasta ahora razonables, podrían resultar injustas. Y la confianza, quebrada.
Por qué este episodio podría marcar un antes y un después en las tarifas eléctricas
- Confiabilidad puesta en jaque: Si los datos que respaldan las tarifas no tienen solidez técnica, todo el sistema tarifario debe revisarse.
- Riesgo de nuevos sobrecobros o subcobros: La alerta no solo implica devolución de montos ya cobrados, sino también recalibración de tarifas futuras.
- Transparencia versus opacidad: El Gobierno exige rigor; las empresas piden que se respete la técnica. La ciudadanía exige ambas.
- Impacto político e institucional: La presión parlamentaria y mediática podría derivar en reformas de fondo, auditorías permanentes o sanciones severas.
