Un grupo de seis concejales de Alto Hospicio presentó una solicitud formal ante la Contraloría General de la República en Tarapacá, exigiendo una investigación por una serie de hechos que califican como irregulares al interior del municipio.
La acción busca que el organismo fiscalizador se pronuncie respecto de lo ocurrido el pasado 2 de diciembre, fecha en que —según los ediles— se intentó realizar una sesión ordinaria del Concejo Municipal vía Zoom y sin su consentimiento, pese a que el alcalde se encontraba presente en el edificio consistorial.
La solicitud fue ingresada por los concejales Gabriel Orellana (REP), Alejandra Becerra (PDC), José Luis Astorga (RN), Tomás Soto (PPD), Lilibeth Choque (AH) y Joshua Fernández (PSC), quienes aseguraron actuar de manera conjunta y coordinada para “resguardar la transparencia y el funcionamiento regular del Concejo”.
CUESTIONAMIENTOS A LA SESIÓN Y CIERRE DEL EDIFICIO MUNICIPAL
Uno de los puntos más cuestionados fue la decisión de realizar la reunión ordinaria a través de Zoom mientras —sostienen— las puertas del edificio municipal permanecían cerradas, impidiendo el acceso tanto a los concejales como a vecinos que buscaban asistir. El concejal Tomás Soto afirmó que en dos décadas de funcionamiento del municipio “nunca se había visto el cierre total del consistorial en un día de concejo”.
Los ediles además criticaron que funcionarios municipales, particularmente inspectores, estuvieran cumpliendo labores que ellos describen como funciones de escolta del alcalde y de la administradora municipal. A juicio de Soto, se trata de tareas impropias: “No corresponde que personal destinado a labores preventivas termine realizando resguardo personal”.
DUDAS POR AMENAZAS Y CONFUSIÓN EN EL MANEJO DE INFORMACIÓN
La concejala Alejandra Becerra sostuvo que no recibió notificación para participar en la sesión virtual y que, desde Secretaría Municipal, se le habría informado que el alcalde había recibido una amenaza, motivo por el cual no estaría cumpliendo sus labores habituales. Sin embargo, la edil asegura que el mismo día lo vio atendiendo público, lo que —dijo— contradice la versión entregada.
Becerra añadió que, ante las últimas decisiones de la autoridad comunal, “la comunidad se siente pasada a llevar” y que las tentativas de diálogo “no han encontrado disposición desde la alcaldía”.
VECINOS IMPEDIDOS DE INGRESAR
La concejala Lilibeth Choque también denunció que dirigentes y vecinos intentaron ingresar al edificio para plantear su malestar por despidos y cambios de funciones, pero se encontraron con las puertas cerradas. “No estaban actuando con violencia; solo querían plantear sus inquietudes, como siempre se ha hecho en los concejos abiertos a la comunidad”, afirmó.
Choque llamó a la calma e indicó que los concejales se mantienen “comprometidos con la transparencia”, aunque recordó que no pueden referirse a las aristas judiciales que involucran al alcalde Patricio Ferreira, por estar radicadas en tribunales.
MUNICIPIO GUARDA SILENCIO
Consultado por la presentación ante Contraloría, el Departamento de Comunicaciones del municipio optó por no realizar declaraciones.
