La sesión N.º 36 del Concejo Municipal de Colchane estuvo marcada por la exigencia urgente de definir medidas de seguridad inmediatas para enfrentar la creciente violencia que afecta a los poblados cordilleranos. Concejales y el alcalde coincidieron en que la situación “se salió de control” y que se requieren acciones rápidas tras el fracaso del último intento por activar rondas preventivas, luego de que el funcionario designado presentara licencia médica al día siguiente de asumir funciones.
La discusión se centró en tres medidas prioritarias: contratar personal externo capacitado, adquirir una camioneta adicional para reforzar patrullajes municipales y reactivar de inmediato la coordinación con Carabineros y militares a través de mesas de emergencia. La concejala que ingresó formalmente una carta solicitando estas acciones advirtió que no pueden seguir postergándose decisiones:
“Necesitamos que esto se haga ahora. No podemos esperar a que ocurra otra muerte”, afirmó, enfatizando el nivel de desprotección que vive la comunidad.
El escenario se complica porque el presupuesto municipal 2025 no contempla recursos para seguridad, pese a que los hechos delictuales se han repetido durante todo el año. A esto se suma que solo dos camionetas municipales están operativas, limitando gravemente la capacidad de respuesta en localidades aisladas.
Frente a la presión del concejo, el alcalde reconoció que es indispensable reforzar el equipo de seguridad y acelerar la instalación del sistema de cámaras en Cariquima y Quebe como parte del plan piloto que debería completarse a fin de año. Sin embargo, también advirtió sobre la gravedad del fenómeno que enfrentan:
“Esto no es algo aislado. Es una banda armada de encapuchados instalada en la comuna, y nuestros funcionarios no tienen cómo enfrentar ese nivel de riesgo”.
UN TERRITORIO GOLPEADO POR UNA ESCALADA VIOLENTA
Las demandas del concejo no surgieron de un vacío. El altiplano vive una crisis sostenida que ha dejado a sus comunidades expuestas y sin respuesta estatal suficiente.
El primer golpe ocurrió en Quebe, donde la muerte de Maximiliana Amaro Mamani, de 83 años, conmocionó al pueblo. La adulta mayor fue hallada sin vida en su vivienda y la PDI investiga el caso como posible robo con homicidio. La víctima ya había denunciado amenazas y robos en años anteriores, lo que la comunidad considera una “tragedia anunciada” en un lugar sin patrullajes permanentes.
Más al sur, en Cariquima, los vecinos denunciaron la presencia de grupos encapuchados que merodean viviendas, estudian rutinas y generan temor durante las noches. El municipio había designado un funcionario para retomar las rondas nocturnas, pero éste presentó licencia médica al segundo día, dejando la medida sin implementación.
El episodio más grave ocurrió en Ancuyo, un poblado de solo 13 habitantes, donde un matrimonio de adultos mayores fue atacado por seis sujetos armados que irrumpieron en su casa, los golpearon y robaron todas sus pertenencias. Sin señal telefónica ni transporte disponible, el hombre debió caminar kilómetros hasta Enquelga para pedir auxilio.
Estos tres hechos, relatados con preocupación por concejales y vecinos, muestran —según las autoridades locales— un patrón delictual en expansión que está superando la capacidad del municipio.
UN LLAMADO URGENTE A ACTUAR
Los concejales coincidieron en que la comunidad teme que la situación “termine en nuevas tragedias” si no se adoptan medidas de corto plazo. La exigencia es clara: recursos, personal, vehículos y un plan articulado con instituciones del Estado que permita frenar la violencia en un territorio donde la distancia y el aislamiento dificultan cualquier emergencia.
Mientras tanto, los habitantes de Quebe, Cariquima y Ancuyo esperan que las decisiones adoptadas en el concejo se transformen en acciones concretas, antes de que la inseguridad cobre nuevas víctimas.
