En Chile, la discusión migratoria volvió a encenderse, pero esta vez no en las fronteras físicas del norte, sino en un espacio mucho más silencioso y frágil: el de los derechos de los niños. Mientras en el Congreso avanza un proyecto que pretende modificar la Ley de Migración y Extranjería, la Defensoría de la Niñez levantó la voz con una alarma que, más que jurídica, parece un grito humanitario: la iniciativa podría dejar a miles de menores migrantes sin acceso a beneficios sociales básicos, solo por su estatus migratorio.
Un país que debate con la niñez en el centro… pero no para protegerla
El debate legislativo ha adquirido un tono áspero. En la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara, donde ya se aprobó el texto que será presentado ayer miércoles 26 de noviembre ante la Sala, se instaló un criterio que la Defensoría considera abiertamente regresivo: priorizar a menores nacionales sobre los migrantes en áreas esenciales como salud y educación. Para el organismo autónomo, la propuesta no solo es riesgosa: es abiertamente contraria a la Constitución, a la Ley de Garantías y Protección Integral, y a tratados internacionales que Chile ratificó ante el mundo.
En un país donde más de 100 mil niños migrantes viven, estudian y crecen —y muchos de ellos incluso nacieron en territorio chileno—, el proyecto cae como una muralla que separa a unos de otros, negando acceso a beneficios financiados por el Estado si no cumplen con el estatus migratorio requerido.
«La niñez migrante merece igualdad y dignidad»: la frase que marcó la jornada
El Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, no se guardó nada. Con un tono que mezcló molestia y preocupación, denunció que el proyecto “excluye a niños, niñas y adolescentes del acceso a derechos sociales solo por su condición migratoria”.
Y remató con una frase que ya circula como titular en los pasillos del Congreso:
“El Estado debe fortalecer políticas públicas, no restringir derechos. La niñez migrante merece igualdad y dignidad.”
Sus palabras fueron respaldadas con documentos: la Defensoría envió el Oficio 1310/2025, donde detalla punto por punto las vulneraciones que el organismo detecta en el proyecto. La advertencia es clara: ningún niño debe ser tratado como ciudadano de segunda categoría.
Cuando la ley avanza hacia atrás
La Defensoría fue categórica: la propuesta legislativa no solo genera discriminación arbitraria, sino que implica una regresión en derechos, algo expresamente prohibido por estándares internacionales. La lógica del proyecto —favorecer a la población nacional en servicios claves— chocaría frontalmente con el artículo 8 de la Ley de Garantías, que prohíbe toda discriminación basada en origen, nacionalidad o estatus migratorio.
Además, el organismo recordó que esta no es su primera advertencia. Ya había alertado sobre riesgos similares en el proyecto original del Ejecutivo (Boletín 16072-06), insistiendo en que la sobrecarga en educación y salud no se resuelve expulsando ni restringiendo, sino con políticas públicas que se adapten al nuevo Chile demográfico.
Un llamado que queda en manos del Congreso
Mientras las cifras, los oficios y los tratados siguen sobre la mesa, la pregunta esencial se mantiene: ¿qué país quiere ser Chile en materia de niñez migrante?
La Defensoría no duda en su respuesta. Quesille lo dijo con la claridad de quien sabe que la protección de la infancia no admite matices:
“Ningún niño debe ser privado de sus derechos fundamentales por consideraciones asociadas a su estatus migratorio.”
El futuro del proyecto se definirá en las próximas horas cuando la Sala decida si avanza al segundo trámite constitucional. Afuera, en la vida real, hay miles de niños que esperan que la ley no levante murallas donde deberían existir puertas.
