Una serie de peritajes de la PDI en cuarteles de Iquique abrió un proceso nacional que investiga pagos por más de $674 millones por obras no realizadas, vínculos con exautoridades bomberiles y presuntas estafas que ya tienen repercusiones en otras regiones del país.
La mañana en Iquique comenzó con un rumor que creció como chispa en terreno seco: detectives de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI recorriendo cuarteles de Bomberos, cámaras en mano, libretas abiertas, revisando muros, bodegas y documentos que parecían dormir bajo el polvo del olvido.
Lo que para muchos voluntarios fue una escena inesperada, para la Fiscalía ya era parte de un engranaje mayor: peritajes en terreno tras una denuncia por presunta estafa y administración desleal, un caso que nació silencioso hace dos años y ahora respira en voz alta en la capital de Tarapacá.
Las miradas se cruzaron en los pasillos de los cuarteles. No se trataba de un simulacro. Tampoco de una inspección rutinaria. Era parte de una investigación nacional que ha comenzado a desnudar grietas estructurales en una de las instituciones más queridas del país.
Del norte al resto del país: el operativo que encendió todas las alarmas
Según confirmó la institución, los peritos llegaron desde Santiago con una misión clara: levantar evidencia física y documental relacionada con proyectos de infraestructura adjudicados en años anteriores, ejecutados —o más bien, supuestamente ejecutados— por cuatro empresas que obtuvieron 11 contratos.
¿El problema? Las obras no estarían realizadas, pero sí pagadas. La cifra no deja indiferente a nadie: $674.102.803 desembolsados por trabajos inexistentes.
La investigación nació en 2022, cuando una auditoría interna prendió la primera sirena. Posteriormente, Bomberos de Chile presentó una querella contra el entonces presidente regional del cuerpo, F.R.M., abriendo un proceso que hoy tiene al Ministerio Público rastreando cada factura, cada firma y cada correo.
“El procedimiento estaba anunciado. Sabíamos que vendrían a tomar declaraciones y registrar evidencia”, reconoció el actual presidente regional de Bomberos, Efraín Lillo, confirmando la magnitud del operativo que recorrió cuarteles de toda Tarapacá.
El caso que hizo temblar a Temuco: la otra cara de la misma moneda
Mientras en Iquique se desplegaban los peritajes, las luces también apuntaban hacia el sur. En Temuco, la historia estalló primero y con más fuerza: cuatro detenidos, 59 facturas falsas y un perjuicio cercano a los $40 millones, todo al interior del Cuerpo de Bomberos de esa ciudad.
La Fiscalía formalizó cargos por estafa, falsificación y uso malicioso de instrumento privado, delitos que revelaron un funcionamiento interno plagado de fallas: firmas escaneadas sin control, proveedores inscritos sin verificación y pagos autorizados sin revisión técnica. La Corte de Apelaciones terminó decretando prisión preventiva para parte de los involucrados.
Voluntarios del CBT reconocieron que lo descubierto es apenas “la punta del iceberg”. Algunos exigen extender la auditoría a cinco años, temiendo que el daño real sea mucho mayor.
¿Un fenómeno aislado? Todo indica que no
Los casos de Tarapacá y La Araucanía no están solos. Durante 2025, la PDI reportó un alza en delitos económicos y estafas, especialmente en instituciones que manejan fondos públicos o subvenciones de emergencia.
La reciente “Operación Imperio”, que destapó una red criminal con 41 detenidos por fraude al fisco y lavado de activos, es prueba de que las defraudaciones institucionales están viviendo un ciclo ascendente.
Hoy, la pregunta que ronda entre voluntarios y ciudadanos es incómoda, pero inevitable: ¿Quién cuida a quienes deben responder por nosotros en medio de una emergencia?
Voluntarios indignados, ciudadanía inquieta y un modelo institucional que pide cambios
Para la mayoría de los bomberos honestos —y son miles—, esta crisis es una herida profunda. Algunos, en reserva, señalan que “no se puede permitir que unos pocos manchen el sacrificio de tantos”.
Organizaciones de vecinos piden que los fondos destinados a combustible, mantención de carros, equipos y capacitación vuelvan a su eje natural: emergencias, no bolsillos privados.
Las voces más críticas, dentro y fuera de la institución, coinciden en algo: la transparencia ya no es opcional.
¿Qué viene ahora?: Una investigación que recién enciende su primer foco
Entre las medidas que Bomberos de Chile y la Fiscalía evalúan avanzar, se encuentran:
- Ampliar las auditorías a al menos cinco años hacia atrás.
- Implementar un sistema nacional de control y compras unificadas, con licitación pública.
- Reforzar la supervisión externa del uso de fondos y donaciones.
- Establecer fiscalización obligatoria en todos los directorios regionales.
Porque esta vez, el incendio no se combate con agua, sino con transparencia, control y responsabilidades claras.
Y aunque cueste admitirlo, lo que está en riesgo no es solo dinero:
es la confianza en quienes, por más de un siglo, han sido los primeros en llegar cuando todo arde.
