
El Juzgado de Garantía de Antofagasta confirmó el alzamiento del secreto bancario de la Consultora y Productora Esquerré Limitada, empresa vinculada a contratos por cientos de millones de pesos con la Fundación ProCultura, hoy investigada por presuntas irregularidades en la ejecución de proyectos financiados con recursos públicos.
La decisión se tomó luego de que el tribunal rechazara la reposición presentada por el abogado de la consultora, que buscaba revertir la medida solicitada por el fiscal de Alta Complejidad Eduardo Ríos, quien lidera la indagatoria por el denominado caso ProCultura.
Según la investigación realizada por BioBioChile, la fundación —encabezada por el psiquiatra Alberto Larraín— tercerizó servicios a la consultora Esquerré para desarrollar proyectos como “Turismo Creativo” en el Bío Bío, financiado mediante el FNDR, operaciones que involucraron pagos millonarios.
Uno de los antecedentes que valoró la jueza Sissi Bertoglio-Talap al confirmar la medida fue un mensaje interno enviado por Larraín en mayo de 2023 a su operador en el Bío Bío, Francisco Fuentes Araya, donde ordenaba frenar críticas a la consultora. El texto decía: “Ningún reparo más a Esquerré. Nunca más en la vida”, lo que el tribunal interpretó como un intento de “blindaje interno” en momentos en que comenzaban los primeros cuestionamientos a la fundación.
La defensa de Esquerré sostuvo que la empresa “es víctima” en este proceso y afirmó que no ha podido cobrar cerca de $70 millones por servicios prestados a ProCultura, insistiendo en que la medida intrusiva era innecesaria pues los representantes de la consultora habían ofrecido entregar la información bancaria sin orden judicial.
Pese a ello, la jueza mantuvo íntegramente el alzamiento bancario, considerando que la diligencia es “necesaria, proporcional y ajustada a derecho” para avanzar en la investigación.
En una declaración posterior, Esquerré Consultores señaló que seguirá colaborando con el Ministerio Público y el tribunal, tal como —afirman— lo ha hecho desde el inicio del proceso.
Con esta resolución, el Ministerio Público tendrá plena autorización para revisar los movimientos financieros de la consultora, una pieza central para esclarecer la relación económica con ProCultura y detectar posibles irregularidades en el uso de fondos públicos.
🟢 IMPORTANTE ACLARACIÓN: De acuerdo con el principio de presunción de inocencia, toda persona acusada de un delito debe ser considerada inocente mientras no exista una sentencia judicial firme que determine su culpabilidad. Esta nota aborda un proceso aún en desarrollo y no pretende prejuzgar los hechos ni el resultado final de las investigaciones.







