El paso fronterizo de Pisiga Bolívar se ha transformado en uno de los escenarios más tensos y complejos para la migración hacia Chile. Con el cruce oficial cerrado y estrictos controles militares del lado chileno, cientos de personas continúan buscando alternativas para llegar al vecino país, aun cuando estas opciones implican caminar por rutas irregulares, exponerse a estafas y arriesgar la vida en medio del desierto.
En la zona se ha vuelto habitual la presencia de los llamados “chamberos”, guías informales que ofrecen trasladar a los migrantes por caminos clandestinos, alejados del control formal y cargados de peligros. Esta situación afecta principalmente a ciudadanos bolivianos provenientes de Santa Cruz, Beni y otras regiones, quienes viajan hasta la frontera con la esperanza de encontrar una oportunidad laboral al otro lado.
En Colchane —el punto donde opera la Dirección General de Migraciones de Bolivia— la escena se repite día tras día: largas filas, familias con equipaje improvisado y personas aguardando orientación. Aun así, el ingreso a Chile depende de cumplir estrictamente con requisitos económicos y administrativos que muchos no logran completar, convirtiendo la zona en un punto de espera que puede prolongarse por días.
El flujo venezolano, aunque disminuido respecto a años anteriores, continúa siendo significativo. Varias familias, incluyendo niños, adolescentes y personas con discapacidad, intentan cruzar por pasos no habilitados debido a la falta de documentos o recursos. Algunos cuentan con dinero suficiente para pagar guías clandestinos; otros, más vulnerables, sobreviven pidiendo ayuda o descansando a la intemperie a lo largo del camino.
Las historias se repiten: familias que han intentado ingresar varias veces sin éxito, padres que buscan contacto con parientes en Perú o Chile, y viajeros que, frustrados por los rechazos en la frontera, evalúan continuar rumbo a Brasil o regresar temporalmente a Bolivia para trabajar.
En medio de este escenario, distintas instituciones bolivianas y organizaciones internacionales mantienen presencia constante en la zona fronteriza. La Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y equipos de cooperación humanitaria ofrecen información, acompañamiento y apoyo básico a los migrantes. En Oruro, además, funciona un Punto de Atención y Orientación (PAO) que brinda seguimiento a quienes atraviesan la región.
Lo que ocurre en Pisiga y sus alrededores refleja una migración marcada por la incertidumbre y la vulnerabilidad. Quienes intentan cruzar lo hacen impulsados por la búsqueda de estabilidad y oportunidades, pero se enfrentan a obstáculos cada vez más duros, rutas más riesgosas y un sistema fronterizo que obliga a muchos a poner su integridad en juego.
