La más alta instancia judicial del país confirmó, de manera unánime, la orden de restitución de un departamento asignado por el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) a una beneficiaria que nunca ocupó el inmueble. La resolución reafirma el dominio estatal sobre bienes habitacionales destinados a políticas públicas y marca un precedente en la defensa del patrimonio fiscal.
En una decisión que refuerza la autoridad del Estado en materia habitacional, la Primera Sala de la Corte Suprema confirmó la orden de restitución de un departamento perteneciente al Serviu de Arica y Parinacota, poniendo fin a una disputa judicial que se extendió por meses y que enfrentó a una beneficiaria de subsidio habitacional con el organismo público encargado de administrar las viviendas sociales en la región.
El fallo, dictado de manera unánime por los ministros Arturo Prado, María Angélica Repetto, Mario Carroza y los abogados integrantes Raúl Fuentes y Carlos Urquieta, rechazó el recurso de casación presentado por la defensa de la mujer, quien buscaba revertir la resolución anterior que la obligaba a entregar el inmueble que le había sido adjudicado, pero que nunca habitó.
La Corte consideró que la demandante —el Serviu— demostró fehacientemente su dominio sobre el departamento y la legitimidad de la acción reivindicatoria interpuesta. En palabras del fallo, los jueces del máximo tribunal concluyeron que “los hechos asentados por los jueces del fondo resultan inamovibles”, desestimando los argumentos de la recurrente, quien alegaba errores en la aplicación de los artículos 686, 687 y 889 del Código Civil.
La historia detrás del fallo
El caso se originó tras una fiscalización interna del Serviu, que detectó que el departamento asignado a una beneficiaria del subsidio habitacional permanecía desocupado, en contravención a las normas que exigen la ocupación efectiva del bien. La institución inició una acción reivindicatoria para recuperar la propiedad y destinarla nuevamente a una familia que realmente necesitara el beneficio.
El proceso judicial avanzó primero en el Juzgado Civil de Arica, que acogió la demanda en mayo de 2025. Posteriormente, la Corte de Apelaciones de Arica confirmó la sentencia en septiembre del mismo año, y finalmente la Corte Suprema cerró el caso ratificando la obligación de restitución.
“Este fallo reafirma que los bienes fiscales y habitacionales entregados con fines sociales no pueden ser mal utilizados ni permanecer vacíos. El Estado tiene el deber de velar por el correcto uso de los recursos y por garantizar que las familias que realmente necesitan una vivienda puedan acceder a ella”, señalaron fuentes del Serviu regional.
Los fundamentos jurídicos: propiedad pública y derecho social
El máximo tribunal fue categórico al considerar que la demandada no logró demostrar que el inmueble formara parte de su dominio legítimo, ni que el Serviu careciera de inscripción válida. En su análisis, los ministros advirtieron que la defensa intentó cuestionar hechos probados —como la singularización del bien y su posesión efectiva por parte del Estado—, lo que no procede en sede de casación.
El fallo recalca que no hubo infracción a las leyes reguladoras de la prueba, y que el artículo 1698 del Código Civil, invocado por la defensa, no basta para modificar los hechos ya determinados por los tribunales inferiores.
En su resolución, la Suprema enfatizó que la falta de inscripción específica del departamento “no desvirtúa la titularidad del Serviu sobre el lote matriz” y que la acción reivindicatoria cumple con los requisitos legales exigidos.
Un precedente para la gestión habitacional
El fallo —identificado con el rol 41.363-2025— constituye un precedente jurídico relevante en la administración de bienes habitacionales del Estado. Fuentes jurídicas coinciden en que esta resolución refuerza la potestad del Serviu para recuperar viviendas mal utilizadas o no habitadas, y establece un estándar de cumplimiento más riguroso en el uso de subsidios públicos.
Desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo se valoró la decisión como “una señal clara de responsabilidad y transparencia en el manejo de los recursos fiscales”, destacando que cada unidad habitacional representa una oportunidad concreta para una familia que aún espera una solución definitiva.
Justicia y responsabilidad social
En un contexto nacional donde la demanda por viviendas sociales sigue creciendo, este tipo de fallos cobra especial relevancia. Según datos del MINVU, miles de familias permanecen en listas de espera para acceder a un subsidio, mientras algunos inmuebles asignados permanecen desocupados o son utilizados de forma indebida.
La Corte Suprema, al ratificar la devolución del departamento, envía un mensaje nítido sobre la función social de la propiedad pública y la responsabilidad de quienes reciben apoyo estatal: ocupar, cuidar y hacer uso efectivo de la vivienda asignada.
Revisa aquí el fallo de la Corte Suprema:
Fuente: Poder Judicial de Chile
