Cincuenta años después de haber sido secuestrado, torturado y arrojado al Estrecho de Magallanes por agentes de la Fuerza Aérea, Juan Carlos Ramírez Cárdenas —entonces un joven de 22 años, hoy un hombre de 72— obtiene justicia. El Vigesimosegundo Juzgado Civil de Santiago ordenó al Fisco pagar 205 millones de pesos a él y su familia por crímenes de lesa humanidad. El fallo, difundido por BioBioChile y DiarioUChile, reafirma que, “ninguna suma de dinero puede borrar el sufrimiento que la familia ha debido cargar por décadas”.
Aunque la sentencia se dictó a más de 3.000 kilómetros de distancia, en la capital, el eco de la justicia resuena fuerte también en el norte. Medio siglo después del horror, el Estado chileno vuelve a mirarse al espejo y a reconocer una herida que nunca cerró: la tortura como política, el miedo como método, la impunidad como sombra.
El Vigesimosegundo Juzgado Civil de Santiago condenó al Fisco a pagar una indemnización total de 205 millones de pesos a Juan Carlos Ramírez Cárdenas y a su familia, tras acreditar que fue víctima de un crimen de lesa humanidad cometido por agentes de la Fuerza Aérea en octubre de 1973, en Punta Arenas.
El fallo, revelado por medios como BioBioChile y DiarioUChile, describe con crudeza los hechos y recuerda que, pese al paso de las décadas, “ninguna suma de dinero puede borrar el sufrimiento” que cargan las víctimas y sus descendientes.
El joven que nunca volvió a ser el mismo
En 1973, Juan Carlos tenía solo 22 años. Trabajaba en el Ministerio de Educación, estudiaba en horario vespertino y militaba en el Partido Comunista. Vivía con sus padres y hermanos, en una casa donde el futuro aún parecía posible.
La madrugada del 20 de octubre, mientras se dirigía a su trabajo, fue interceptado por funcionarios de la Fuerza Aérea. No hubo orden judicial ni explicación. Solo el ruido seco de las botas, el vendaje en los ojos y el viaje hacia la oscuridad.
Fue trasladado a la Base Aérea Bahía Catalina, donde comenzó su calvario. Allí fue golpeado, interrogado, sometido a descargas eléctricas en el pecho, testículos y pies. Según su relato, sus torturadores lo lanzaron al mar del Estrecho de Magallanes como parte de los castigos nocturnos que buscaban quebrar su voluntad.
Preguntaban por armas inexistentes, por nombres que no conocía, por un supuesto “Plan Z” que jamás había escuchado. Cuando no respondía, la violencia aumentaba. Los culatazos, las patadas y los choques eléctricos lo dejaban inmóvil, apenas consciente.
Medio siglo de silencio y un fallo que rompe la impunidad
Cincuenta años más tarde, el tribunal reconoció la verdad que durante décadas el Estado prefirió callar. En su resolución, la jueza Lorena Cajas Villarroel descartó todos los argumentos del Fisco —desde la prescripción hasta la supuesta reparación previa— y determinó que lo ocurrido a Ramírez y su familia constituye una grave violación a los derechos humanos cometida por agentes estatales.
El fallo ordena el pago de 70 millones de pesos al propio Ramírez, y 135 millones a su esposa y sus tres hijos, quienes también fueron reconocidos como víctimas indirectas de la violencia estatal. La magistrada subrayó que los montos se definieron considerando “las características particulares de este caso”, recordando que “cada historia tiene elementos propios que deben ser ponderados individualmente”.
Reconocimiento y memoria
El nombre de Juan Carlos Ramírez ya figuraba en la Comisión Valech I, como víctima de prisión política y tortura, antecedente amparado por la Ley 19.992. Pero ahora, la justicia civil vuelve a escribir su nombre, no como un número en una lista, sino como un hombre que sobrevivió al terror y resistió el olvido.
“Ninguna reparación económica podrá borrar el sufrimiento”, reiteró la jueza. Sin embargo, cada fallo como este se convierte en un acto simbólico que reafirma la responsabilidad del Estado y recuerda que los crímenes de lesa humanidad no prescriben, no se olvidan, no se borran con el tiempo.
Una deuda que sigue abierta
En Iquique, donde las marcas de la dictadura también cruzan la memoria colectiva, la noticia fue recibida con conmoción. No solo por el monto de la condena, sino por lo que representa: una señal de que la justicia, aunque demore, aún puede hablar.
El caso de Ramírez se suma a decenas de otros fallos similares que han reabierto heridas y provocado reflexiones profundas sobre el rol del Estado, la memoria y la reparación.
Porque en Chile, medio siglo después, la verdad sigue saliendo a flote —como aquel hombre que una noche fue arrojado al mar y se negó a hundirse.
