El presidente Gabriel Boric promulgó este miércoles la ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas de Delitos, una nueva institucionalidad con cobertura nacional que unifica la asistencia judicial y la defensa de las víctimas.
Según informó la presidencia, el mandatario, estuvo acompañado de diferentes ministros de Estado, instancia en la que destacó que la iniciativa permitirá fortalecer el acceso igualitario a la justicia y brindará atención jurídica y psicosocial a víctimas de delitos, además de representación legal gratuita a quienes más lo necesiten. De esta forma, el Estado busca garantizar una atención profesional, gratuita y especializada, acercando la justicia a las personas.
En ese sentido el presidente Boric subrayó el origen de la normativa: «Esta iniciativa fue impulsada por la familia de Alejandro Martínez González, un joven de 19 años asesinado en 2008 en San Antonio, quienes lideraron una lucha incansable para que todas las víctimas estén acompañadas en su búsqueda de justicia”, destacó el Mandatario.
Además, afirmó que el proyecto fue un esfuerzo transversal gracias al impulso del gobierno y al apoyo transversal del Congreso Nacional, fue posible nuevamente destrabar una ley que llevaba años esperando avanzar y que beneficiará a miles de familias que necesitan apoyo legal y psicosocial”.
DETALLES DE LA DEFENSORÍA Y SUS FUNCIONES
De este modo, la nueva ley centraliza y mejora la provisión de justicia al unificar la asistencia judicial y la atención de víctimas de delitos en un servicio público de carácter nacional. Esto simplifica el acceso a prestaciones y consolida experiencias que antes estaban dispersas.
Un punto clave es la creación de la Defensoría de las Víctimas de Delitos, que entregará atención integral jurídica y psicosocial, especialmente para víctimas de delitos más violentos. Esto ayudará a saldar una deuda pendiente con la ciudadanía.
El servicio también promueve la resolución colaborativa de conflictos e incluirá la mediación familiar obligatoria. Además, entregará asistencia jurídica especializada a diversos grupos, como niños, niñas y adolescentes, y adultos mayores.
La implementación comenzará de manera gradual, a partir de los 18 meses de la publicación de la ley, iniciando su despliegue en la zona norte (desde Arica hacia Valparaíso).
