NOCHE DE FUEGO EN EL CARIBE: EE. UU. REPORTA 6 MUERTOS EN SU DÉCIMO ATAQUE CONTRA UN BARCO SOSPECHOSO DE NARCOTRÁFICO
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó que fuerzas estadounidenses atacaron de noche un buque en el mar Caribe —que según la Casa Blanca estaba vinculado al Tren de Aragua— y que seis personas murieron. Es el décimo golpe conocido en una campaña que, desde septiembre, suma 43 fallecidos en operaciones contra embarcaciones señaladas como dedicadas al contrabando. Las críticas internacionales y los señalamientos jurídicos se multiplican: especialistas y gobiernos regionales cuestionan la legalidad y la opacidad de los bombardeos.
La secuencia ya parece rutinaria: un tuit o una publicación en X, un video granulado de segundos, la cifra de muertos y la acusación oficial. Esta vez fue Pete Hegseth quien, en horas de la madrugada, subió el reporte: un barco «operado por» el Tren de Aragua —la organización venezolana que Washington ha catalogado como grupo terrorista— fue atacado en aguas internacionales del Caribe. Seis personas murieron, dijo el secretario, sin aportar pruebas públicas que vinculen a los fallecidos con la organización señalada.
Para los arquitectos de la operación, es una guerra contra el narcotráfico transformada en acción militar: «Si eres un narcoterrorista en nuestro hemisferio, te trataremos como tratamos a Al-Qaeda», escribió Hegseth, prometiendo perseguir y «eliminar» redes «de día o de noche». Para los críticos, es un salto jurídico y ético que desdibuja la frontera entre la persecución criminal y los ataques militares sobre personas que no han sido juzgadas.
El episodio eleva a 43 el total de víctimas mortales atribuidas a las diez intervenciones conocidas desde principios de septiembre —ocho en el Caribe y dos en el Pacífico oriental—, y revive viejos y nuevos reclamos: gobiernos de la región han exigido explicaciones; organizaciones de derechos humanos han pedido documentación y transparencia; especialistas en derecho internacional alertan sobre posibles violaciones a la ley humanitaria.
La noche y la prueba que no llega
Según la versión oficial, la embarcación transitaba por una «ruta conocida de narcotráfico» y llevaba estupefacientes. Al igual que en ataques anteriores, el Gobierno citó «inteligencia» como base de la decisión, pero no desclasificó la evidencia ni permitió la verificación independiente. El material audiovisual que acompaña los comunicados —planos breves de una embarcación que explota— ofrece espectáculo pero no identidad: no prueba afiliaciones, nacionalidades ni la presencia de drogas a bordo.
Medios internacionales y analistas subrayan un dato inquietante: buena parte de la inteligencia utilizada parece provenir de agencias como la CIA, un hecho que, según expertos consultados, garantizaría que la mayor parte de la evidencia permanezca bajo reserva y fuera del escrutinio público y judicial.
Reacciones en la región y el derecho internacional
La campaña ha encendido una ola de condenas y demandas de esclarecimiento. Algunos presidentes latinoamericanos han calificado ataques concretos como asesinatos tras la muerte de pescadores o civiles inocentes en operaciones previas. Organizaciones civiles recuerdan que el derecho nacional e internacional prohíben la ejecución sumaria de civiles y sostienen que la respuesta tradicional al contrabando marítimo ha sido la interdicción y detención por parte de guardacostas y fuerzas policiales.
El Ejecutivo estadounidense sostiene que Donald Trump ha autorizado una reinterpretación amplia: la lucha contra los cárteles equivaldría a un «conflicto armado» que legitima operaciones militares. Sin embargo, la Casa Blanca no ha presentado ante el Congreso —ni hecho pública— una teoría jurídica completa que vincule la actividad delictiva de un barco con el estatuto de «combatiente» o que explique cómo se aplica la ley de conflictos armados a tripulaciones civiles.
La explicación política y la disputa moral
En la justificación pública, la Casa Blanca ha apelado a la urgencia sanitaria: decenas de miles de estadounidenses mueren cada año por sobredosis. «Cada barco que destruye el ejército salva vidas», ha dicho la narrativa oficial, con cifras de fondo (80.000 muertes por sobredosis en el último año, según centros sanitarios) que buscan convertir la intervención en una política de seguridad nacional.
Pero la lógica de emergencia no satisface a juristas ni a diplomáticos. ¿Puede un presidente convertir la represión del narcotráfico en una guerra sin la autorización del Congreso?, ¿Qué garantías existen para evitar víctimas colaterales?, ¿Cuáles son los mecanismos de rendición de cuentas cuando la inteligencia es clasificada y los ataques se ejecutan en aguas donde la investigación independiente es casi imposible?
Efectos geopolíticos
La campaña coloca a Estados Unidos en una posición incómoda frente a Venezuela y otros socios regionales. La designación de organizaciones crimínales como «terroristas» facilita medidas punitivas, pero también intensifica tensiones: Bogotá, Caracas y otros gobiernos han exigido explicaciones formales por incidentes previos, algunos de los cuales involucraron nacionales colombianos y venezolanos que, según autoridades locales, eran pescadores o ciudadanos no vinculados organizativamente a grupos armados.
Además, la escalada militar en el hemisferio plantea preguntas sobre las prioridades diplomáticas de Washington: ¿se avanza hacia un uso más frecuente de la fuerza exterior en nombre de la seguridad interior?, ¿Qué costos tendrá esa estrategia en las relaciones regionales y en la percepción internacional de Estados Unidos?
Qué queda en la superficie
La imagen es cruda: en los comunicados oficiales, un número —seis muertos— se suma a una cuenta que ya llega a decenas. En los foros jurídicos y diplomáticos, crece la exigencia de transparencia. En las costas latinoamericanas, un hilo tenso une la indignación por posibles civiles caídos y el temor a que operaciones futuras repitan patrones de impunidad. Y en Washington, entre aplausos de algunos sectores, hay quienes preguntan hasta dónde llegará una campaña que mezcla inteligencia, fuerzas armadas y una definición renovada —y controvertida— de la guerra contra las drogas.
Fuentes: declaraciones públicas del secretario de Defensa Pete Hegseth y reportes de prensa internacional sobre los ataques a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico.
