A seis años del estallido social de octubre de 2019, la Tesorería General de la República ha desembolsado más de $6.200 millones en pensiones de gracia entregadas a personas que declararon ser víctimas de violaciones a los derechos humanos. El beneficio, creado para reparar a quienes sufrieron abusos en ese contexto, hoy enfrenta fuertes cuestionamientos tras detectarse fraudes y beneficiarios con antecedentes penales.
Según los registros oficiales, 418 personas han recibido el beneficio desde su implementación. De ellas, 270 pensiones fueron otorgadas durante el gobierno del presidente Gabriel Boric y 148 bajo la administración de Sebastián Piñera. Los pagos efectuados hasta septiembre equivalen a US$ 6,49 millones, recursos que podrían financiar la construcción de un centro de salud familiar o la compra de más de 200 furgones policiales.
La polémica se agudizó esta semana con la formalización por fraude de subvenciones de Robinson Jaramillo Monje (58) y Francisco Gatica Catalán (34), quienes inventaron lesiones atribuidas a agentes del Estado para acceder al beneficio. Jaramillo, condenado anteriormente por abuso sexual y violencia intrafamiliar, quedó en prisión preventiva, mientras que Gatica —quien reconoció haber mentido— quedó con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.
Un tercer caso que ha generado indignación es el de Juan Francisco Villalobos Prado (39), quien estuvo prófugo por estafa durante un año y medio y, pese a que su causa fue cerrada, continuó recibiendo casi $700 mil mensuales.
De acuerdo con una investigación de Ex-Ante, el gobierno ha revocado 28 pensiones de gracia tras detectar irregularidades, aunque el proceso judicial avanza lentamente. Además, un informe de la Contraloría General de la República (2023) identificó 58 beneficiarios con antecedentes por delitos como estafa, tráfico de drogas, abuso sexual y violencia intrafamiliar.
Las críticas apuntan también al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y a la comisión presidencial encargada de revisar los casos, ya que ninguno de estos organismos verificó los antecedentes judiciales de los postulantes, argumentando que no era un requisito legal.
El presidente Gabriel Boric, en su primera cuenta pública en 2022, había anunciado una agenda de Verdad, Justicia y Reparación para fortalecer el apoyo a víctimas del estallido social y aumentar sus pensiones. Sin embargo, la revelación de falsos beneficiarios ha reabierto el debate sobre la falta de controles en la entrega de fondos públicos y el alcance real de las medidas de reparación.
Fuente: Ex-Ante
