La liberación de Mauricio Ortega, el hombre que en 2016 dejó ciega a Nabila Rifo en uno de los casos de violencia machista más brutales del país, desató un operativo especial de vigilancia en Coyhaique. Carabineros, la Municipalidad y el Ministerio de la Mujer refuerzan rondas y cámaras de seguridad ante el temor por la seguridad de la víctima, quien no fue notificada del beneficio otorgado a su agresor.
Coyhaique en alerta: el país vuelve a mirar el caso que marcó un antes y un después en la violencia de género
La historia de horror que estremeció a Chile en 2016 vuelve a causar escalofríos. Nabila Rifo, símbolo nacional de la lucha contra la violencia machista, vuelve a estar en el centro de la noticia: el hombre que la atacó con una piedra y le arrancó los ojos, Mauricio Ortega, fue beneficiado con libertad condicional, pese a un informe de Gendarmería que advertía que el condenado no mostraba arrepentimiento ni avances psicológicos.
El anuncio provocó una reacción inmediata del Gobierno. El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, en coordinación con Carabineros, el Ministerio Público y la Municipalidad de Coyhaique, activó un plan de seguridad reforzado para proteger a Nabila y su familia. La medida incluye rondas policiales permanentes, instalación de cámaras de vigilancia en su domicilio y monitoreo constante del sector donde reside.
“Nos reunimos con Carabineros y con la Municipalidad para reforzar el acuerdo de rondas y protección en el entorno familiar de Nabila”, señaló la seremi de la Mujer en Aysén, Isidora Gacitúa, quien aseguró que existe contacto permanente con la víctima desde que asumió el actual gobierno.
Una libertad que inquieta: Gendarmería había advertido la peligrosidad del agresor
Pese a los esfuerzos institucionales, la decisión judicial que permitió la libertad de Ortega ha sido duramente cuestionada. Un informe de Gendarmería, previo al beneficio, describía un panorama inquietante: el condenado no reconocía el daño causado, mantenía actitudes sexistas, presentaba problemas para controlar la ira y negaba su participación en la brutal agresión.
Según el documento, su “buena conducta” se limitaba únicamente a su convivencia dentro del penal con otros internos, sin mostrar avances reales en su rehabilitación. Aun así, la Corte de Apelaciones de Coyhaique concedió su libertad, permitiendo que Ortega cumpla el beneficio en casa de su hermana, fuera de la capital regional.
El abogado penalista Roberto Naquira explicó que el beneficio se relaciona con una antigua decisión de la Corte Suprema, que recalificó el delito de femicidio frustrado —imputado inicialmente— a lesiones graves consumadas, al no acreditar la intención directa de matar.
El Estado reacciona: cámaras, rondas y contención emocional
Desde el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG) confirmaron que, apenas conocida la decisión judicial, se solicitó resguardo policial inmediato para la víctima, además de la instalación de cámaras de seguridad en su hogar.
“Estamos acompañando a Nabila y su familia con apoyo psicológico, legal y de seguridad. También gestionamos atención médica para sus cuatro hijos”, detalló Patricia Baeza, directora regional del SernamEG en Aysén.
El operativo incluye además el monitoreo de su entorno por parte de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, con patrullajes coordinados en horarios sensibles.
Una víctima sin voz: Nabila no fue notificada de la libertad de Ortega
Pese a la magnitud del caso, las instituciones reconocieron una grave omisión: ni Nabila Rifo ni el SernamEG fueron informados oficialmente sobre la evaluación que derivó en la libertad condicional de Ortega.
“El servicio debió haber sido notificado, porque somos parte querellante. No recibimos ningún aviso ni por correo institucional ni por otra vía. Incluso la propia víctima nos confirmó que tampoco fue notificada”, denunció Baeza.
Esta falta de comunicación vulnera un derecho legal básico: el de la víctima a ser escuchada antes de cualquier beneficio penitenciario que involucre a su agresor. “Es una situación que nos preocupa profundamente. Nabila tenía derecho a manifestar su opinión y no se respetó ese proceso”, agregó la directora regional.
Una herida abierta que vuelve a sangrar
El ataque contra Nabila Rifo marcó un punto de inflexión en la conciencia nacional sobre la violencia contra la mujer. En mayo de 2016, la entonces joven madre fue golpeada brutalmente por su pareja, Mauricio Ortega, quien la abandonó inconsciente en plena calle. La agresión le provocó la pérdida total de la visión y múltiples fracturas.
El caso generó una ola de indignación y movilizaciones en todo el país, convirtiendo a Nabila en un símbolo de resistencia y sobrevivencia. Hoy, casi una década después, su nombre vuelve a los titulares, pero no por justicia, sino por el miedo de revivir la pesadilla.
Silencio judicial, ruido social
La resolución de otorgar libertad condicional ha sido criticada por expertos, autoridades y ciudadanía. En redes sociales, miles de usuarios expresaron su indignación ante lo que consideran una “segunda revictimización” y un retroceso en la protección de mujeres víctimas de violencia extrema.
Mientras tanto, el Estado intenta contener una tormenta social y política. Desde el Ministerio de la Mujer, la ministra Antonia Orellana instruyó mantener vigilancia permanente y acompañamiento emocional a Nabila, subrayando que “no se la dejará sola”.
En tanto, Carabineros y la Municipalidad de Coyhaique se mantienen en alerta, con patrullas reforzadas y monitoreo constante del sector.
Una libertad que pesa más que una condena
El caso Nabila Rifo vuelve a sacudir la conciencia de Chile. La liberación de su agresor reabre heridas profundas, y deja en evidencia las grietas del sistema judicial frente a la violencia de género.
Mientras Nabila intenta seguir con su vida bajo resguardo y cámaras, el país entero vuelve a preguntarse:
¿Cuánta justicia hay en una libertad que revive el miedo?
