La Justicia chilena dictó un contundente fallo que pone fin a una situación de incertidumbre laboral que se prolongaba desde 2023 en Arica. La Corte Suprema confirmó la decisión de la Corte de Apelaciones de Arica, ordenando al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Chinchorro a resolver de manera definitiva un sumario administrativo que llevaba más de dos años estancado, dejando al funcionario afectado en un limbo de indefensión, con su estabilidad profesional y reputación comprometidas. La resolución establece un plazo máximo de 30 días para que se dicte el pronunciamiento final.
El caso que encendió las alarmas en la ciudad del norte del país tiene como protagonista a un director de establecimiento educacional, quien interpuso un recurso de protección contra la inacción del SLEP.
El funcionario denunció que el procedimiento disciplinario iniciado por presuntos casos de acoso laboral y sexual se había prolongado sin formulación de cargos ni prórroga fundada, vulnerando derechos constitucionales fundamentales como la igualdad ante la ley, el debido proceso y la propiedad. Según su alegato, la demora excedió los plazos razonables establecidos por la ley y lo mantuvo en un estado de incertidumbre e indefensión, afectando su vida profesional y personal.
Por su parte, el SLEP defendió su actuar, argumentando que la investigación se encontraba dentro de la normativa vigente y que la suspensión preventiva estaba justificada por la gravedad de los hechos. Además, sostuvieron que los plazos administrativos no eran “fatalmente obligatorios” y que el funcionario continuaba percibiendo sus remuneraciones durante el procedimiento. Sin embargo, los tribunales no compartieron este criterio.
La Corte de Arica concluyó que la demora de más de dos años sin resolución final constituye un acto arbitrario y ilegal, incompatible con los principios de celeridad administrativa y juridicidad. El tribunal subrayó que la falta de acción vulnera el derecho a la igualdad frente a otros funcionarios, quienes sí han visto resueltos sus sumarios dentro de los plazos legales, y citó además la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que garantiza ser juzgado en un tiempo razonable.
Ante este escenario, la Corte Suprema ratificó el fallo, marcando un precedente histórico en Arica sobre la obligación de los organismos públicos de respetar los plazos administrativos y los derechos fundamentales de los funcionarios. Ahora, el SLEP de Chinchorro tiene 30 días para emitir la resolución definitiva sobre el sumario, poniendo fin a la prolongada incertidumbre y restableciendo las garantías legales del afectado.
El caso ha generado inquietud entre trabajadores y dirigentes gremiales, quienes advierten que situaciones como estas afectan la credibilidad de los procesos administrativos y la seguridad laboral.
Expertos en derecho administrativo señalan que la resolución de la Suprema refuerza la necesidad de que las instituciones cumplan con los plazos legales, evitando que los funcionarios queden atrapados en procesos interminables que pueden dañar su reputación y estabilidad económica.
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