En una mañana silenciosa de septiembre, los pasillos solemnes de la Contraloría General de la República (CGR) se transformaron en un improvisado laboratorio. Allí, las 19 principales autoridades del organismo que fiscaliza al Estado chileno dejaron algo más que su firma: entregaron mechones de cabello y muestras de orina para demostrar, literalmente, que su ética está limpia.
El procedimiento realizado no fue impuesto por ley ni motivado por escándalos recientes. Fue —según el propio ente fiscalizador— un gesto voluntario, un símbolo de transparencia en tiempos donde la confianza pública se derrumba más rápido que una promesa electoral.
Y el veredicto fue contundente: ninguna sustancia ilícita. Ninguna traza. Ninguna sombra química.
La escena: funcionarios, bisturí y un silencio incómodo
A primera hora, los altos mandos de la Contraloría comenzaron a llegar con sus trajes planchados y rostros tensos. Algunos, cuentan testigos internos, hacían bromas para aliviar la tensión:
“Hoy nos cortan el pelo… pero por la causa”, se escuchó en uno de los ascensores.
Un equipo médico externo —del que aún no se revela nombre ni dependencia— instaló sus instrumentos en una de las salas del nivel central. Allí, uno a uno, los guardianes de la probidad estatal fueron llamados por lista.
Les cortaron el cabello, tomaron muestras de orina y firmaron formularios de consentimiento. Nadie protestó. Nadie se negó. La operación “CGR Limpia” había comenzado.
El mensaje: cuando el fiscalizador se fiscaliza a sí mismo
La Contraloría informó después, con tono solemne, que los 19 resultados dieron negativo a toda sustancia ilícita. “Esto reafirma el compromiso institucional con la probidad, la ética y la transparencia”, señaló el comunicado.
En lenguaje más directo: los que revisan las cuentas del Estado ahora revisaron las suyas propias.
El gesto, aunque simbólico, no es menor. En tiempos donde el país ha visto caer autoridades por corrupción, licitaciones turbias o vínculos con el narcotráfico, la Contraloría decidió mostrar la muestra —literalmente— de que no todo está contaminado.
El contexto: una institución bajo lupa
La decisión no surgió del vacío. Durante el último año, la CGR enfrentó cuestionamientos internos por demoras en auditorías, disputas con ministerios y reclamos por presunto exceso de poder fiscalizador.
A eso se suman los ecos de escándalos en otras instituciones públicas, donde se detectaron consumos de drogas, licitaciones truchas o redes de protección internas.
En ese clima de sospecha generalizada, la Contraloría optó por una maniobra que suena a golpe de efecto: probar su limpieza desde el ADN.
“Queríamos dar un mensaje claro: que la ética se practica, no solo se predica”, dijo una fuente interna que participó en la jornada.
El método: pruebas que no mienten (y otras que sí)
Los exámenes se dividieron en dos etapas:
- Orina, para detectar consumos recientes.
- Cabello, capaz de delatar consumos crónicos o pasados.
El análisis capilar puede revelar drogas hasta 90 días atrás, incluso si el consumidor dejó de usar. Es, por eso, una herramienta que muchos políticos evitan.
Pero la CGR no —o al menos eso asegura.
Los resultados fueron negativos en todos los casos. Aunque el informe no se hizo público por tratarse de datos sensibles, la entidad aseguró que fueron verificados “bajo estricta cadena de custodia”.
El gesto político detrás del laboratorio
Más allá del discurso técnico, la jugada tiene lectura política:
- La CGR busca reafirmar su autoridad moral en un momento en que investiga a municipalidades, ministerios y gobiernos regionales por uso irregular de fondos.
- También se alinea con la tendencia que ha tomado fuerza en el Congreso, donde los test de drogas a parlamentarios se convirtieron en símbolo de transparencia, aunque muchas veces solo mediático.
- Y, por último, pretende instalar un precedente: si el órgano que controla a todos se somete voluntariamente al control, nadie debería quedar fuera.
Voces dentro y fuera del edificio
En el frontis de la Contraloría, el gesto generó opiniones encontradas.
Algunos funcionarios lo vieron como una muestra real de coherencia; otros, como una “puesta en escena” para limpiar la imagen institucional.
“Esto parece más una campaña comunicacional que una política interna”, señaló un excontralor consultado por este medio, quien pidió reserva de su nombre.
“Si realmente quieren hablar de probidad, que publiquen los procedimientos, los laboratorios y los protocolos”, agregó.
Transparencia parcial, confianza total (por ahora)
Aunque la Contraloría no reveló el nombre del laboratorio ni las certificaciones del proceso, insistió en que el objetivo no era exhibicionista, sino preventivo.
“Queremos fortalecer la confianza ciudadana y garantizar una función pública con altos estándares”, reafirmó el organismo.
El resultado: una institución que decidió someterse al mismo tipo de fiscalización que exige a los demás.
Pero también un gesto que, como todo acto de pureza institucional, deja una pregunta flotando en el aire: ¿Se trató de un verdadero compromiso ético… o de una limpia simbólica para los titulares?
Epílogo: los rastros del poder
En los pasillos donde el eco de los auditores suele ser más fuerte que el de los políticos, el experimento químico de septiembre ya tiene un lugar propio.
Cabellos cortados, orina sellada, tubos rotulados con nombres que el público no verá.
La Contraloría puede decir hoy que sus 19 cabezas están “libres de toda sustancia”.
Pero en un país donde la ciudadanía ya no cree en los informes sin firma ni en los certificados sin transparencia, quizás la verdadera prueba no fue de drogas… sino de credibilidad.
Revisa el comunicado completo aquí:
