En un paso decisivo para enfrentar el creciente impacto de los delitos contra las redes de telecomunicaciones en Chile, la Contraloría General de la República tomó razón del Decreto Promulgatorio de la Ley N° 21.761.
La norma, publicada por el Ministerio de Seguridad Pública, introduce modificaciones clave al Código Penal y a la Ordenanza de Aduanas, endureciendo las sanciones para quienes cometan robos, hurtos o receptación de cables de telecomunicaciones.
La ley busca poner al día el marco legal frente a delitos que afectan directamente a los servicios públicos y domiciliarios, reconociendo el impacto social que generan los cortes de redes de telecomunicaciones en la vida cotidiana de la ciudadanía.
Entre sus principales cambios, el Código Penal establece que los delitos que afecten a un número significativo de usuarios en un poblado se sancionarán con presidio mayor en su grado mínimo, aumentando de manera considerable la pena frente a las conductas tradicionales de robo o hurto. Asimismo, se refuerza la responsabilidad de quienes simulen ser trabajadores de empresas proveedoras de servicios o utilicen información obtenida como empleados para cometer estos delitos, incorporando agravantes que reflejan la gravedad de la acción y la traición a la confianza pública.
Un detalle relevante de la ley es la ampliación del concepto “telefonía” a “telecomunicaciones”, lo que permite abarcar una gama más amplia de servicios, desde internet hasta datos móviles y redes de transmisión de información, asegurando que ninguna infracción quede fuera del marco sancionatorio.
Pero la ley no solo toca el Código Penal. También introduce cambios en la Ordenanza de Aduanas, incorporando sanciones para el uso malicioso de certificaciones o análisis falsos, y responsabilizando penalmente a funcionarios públicos que faciliten, de manera consciente, la comisión de estos delitos.
Esta medida busca cerrar posibles vacíos legales que pudieran ser aprovechados para actos ilícitos, reforzando la prevención y la responsabilidad institucional.
Según expertos en seguridad pública, la promulgación de la Ley N° 21.761 representa un hito en la protección de las telecomunicaciones, un área crítica para el funcionamiento del país, donde cualquier corte o robo de cables puede generar daños masivos, afectando hogares, empresas y servicios esenciales.
Con esta normativa, el Estado establece un mensaje claro: quien atente contra la infraestructura de telecomunicaciones, especialmente de manera organizada o aprovechando su posición laboral, enfrentará sanciones más severas y un seguimiento judicial más estricto.
La entrada en vigencia de la ley refuerza el compromiso del Gobierno y del Parlamento con la seguridad de los servicios esenciales, buscando proteger tanto la infraestructura como la vida diaria de los ciudadanos frente a un delito que ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años.
