Una jornada marcada por la preocupación, la transparencia y la probidad administrativa, se vivió este miércoles 10 de septiembre, cuando un grupo de concejales de Iquique presentó una denuncia formal ante la Contraloría Regional de Tarapacá, cuestionando la legalidad de subrogancias en cargos estratégicos del municipio y el posible conflicto de interés familiar que rodea la designación de la funcionaria Rocío del Pilar Sarmiento Gandarillas.
La denuncia
El escrito, firmado por los concejales Carolina Valdés, Domingo Campodónico, Néstor Jofré y Washington Maldonado, detalla que Sarmiento Gandarillas, actualmente subrogante del Director de Prevención y Seguridad Pública, habría sido designada pese a ser hija de la Jefa de Sección Personal, Marta del Pilar Gandarillas Guisa.
La denuncia plantea que esta situación podría constituir un incumplimiento del artículo 56 de la Ley 18.575, que prohíbe el desempeño de cargos públicos a familiares directos dentro de la misma repartición cuando existen jerarquías de decisión.
Además, los concejales denuncian que el titular del cargo, Gonzalo Andrés Prieto Navarrete, se encontraría de vacaciones y dedicado a su campaña política como candidato a senador, generando cuestionamientos sobre la legalidad y ética del uso de subrogancias en un área tan sensible como seguridad pública.
La denuncia también apunta a que Sarmiento Gandarillas habría mantenido licencias médicas prolongadas por casi dos años, lo que podría activar lo dispuesto en el artículo 148 de la Ley 18.883, permitiendo declarar la vacancia del cargo por salud incompatible.
Fundamentos legales
Los concejales fundamentan su denuncia en varias normas legales:
- Ley 18.575, artículo 56, sobre inhabilidades por parentesco.
- Ley 18.834, sobre subrogación y probidad administrativa.
- Ley 18.883, artículo 148, sobre vacancia por licencias prolongadas.
- Ley 20.285, sobre acceso a la información pública.
- Constitución Política de la República, artículo 8, que establece principios de probidad.
Peticiones a la Contraloría
El grupo de concejales solicita que la Contraloría:
- Verifique la legalidad de la subrogancia de Rocío Sarmiento Gandarillas, considerando su parentesco con la Jefa de Personal.
- Determine si las licencias médicas prolongadas son compatibles con la permanencia en el cargo o si corresponde declarar la vacancia.
- Revise el uso de subrogancias cuando el titular se encuentra en campaña política.
- Inicie sumarios administrativos y aplique sanciones si se comprueban irregularidades.
- Investigue la relación familiar entre los Gandarillas y la autoridad municipal, el alcalde Mauricio Soria Macchiavello.
- Aclare la negativa de la Jefa de Sección Personal de entregar el Decreto Alcaldicio Nº447/2024, que oficializa la subrogancia.
Además, piden que se requieran al municipio documentos de subrogancia, nóminas de remuneraciones y antecedentes de licencias médicas.
Declaraciones de los concejales
La concejala Carolina Valdés enfatizó la gravedad del caso:
“Hoy concurrimos a la Contraloría a realizar una denuncia formal por posible nepotismo, uso irregular de subrogancia e incompatibilidad por licencias prolongadas. Cuando los cargos estratégicos se entregan por vínculos familiares y no por mérito, la confianza ciudadana se quiebra. No podemos normalizar el nepotismo en un área tan sensible como la seguridad pública. Esto debe aclararse y asumirse con total responsabilidad. Esperamos que la Contraloría realice la investigación dentro del plazo establecido”.
Contexto
El caso ha generado amplio debate en la comunidad, dado que involucra cargos estratégicos relacionados con la seguridad ciudadana, además de cuestionamientos sobre probidad, transparencia y conflictos de interés en la administración municipal.
La acción ante la Contraloría busca garantizar que los cargos públicos se ejerzan con imparcialidad y respeto a la ley, evitando que la política o los vínculos familiares influyan en decisiones clave.
Con la denuncia presentada, ahora queda en manos de la Contraloría Regional de Tarapacá investigar las irregularidades señaladas y determinar si corresponde iniciar sumarios administrativos o aplicar medidas correctivas para resguardar la legalidad y la confianza de los habitantes de Iquique.
