El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), rechazó la petición de reconsideración de la defensa de Claudio Orrego y abrió el camino a la tramitación de un libelo que cuestiona su probidad y abandono de deberes. La decisión contó con un voto disidente del ministro Gabriel Ascencio.
El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, enfrenta un nuevo desafío institucional. El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) resolvió admitir a trámite la solicitud de destitución presentada por consejeros regionales de oposición, quienes lo acusan de notable abandono de deberes y vulneración al principio de probidad administrativa.
La solicitud, ingresada el 25 de julio, se originó tras un informe de la Contraloría General de la República que detectó posibles irregularidades en la utilización de recursos públicos por parte del Gobierno Regional Metropolitano. Entre los gastos cuestionados se incluyen:
- $31 millones en actividades de coaching ontológico con contenidos vinculados a la contingencia política.
- Más de $51 millones en compras por trato directo sin respaldo normativo.
- Contratos con consultoras por $46 y $109 millones, sin acreditación formal de servicios ni de la idoneidad de los proveedores.
La defensa de Orrego y la resolución del Tricel
La defensa del gobernador, liderada por los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz, presentó un recurso solicitando la reconsideración del trámite, argumentando errores formales en la presentación del libelo. Entre sus alegatos, cuestionaban la correcta identificación de los consejeros requirentes y la forma en que se representó la solicitud ante el tribunal.
Sin embargo, la resolución del Tricel fue clara: “Téngase por interpuesto el requerimiento”. El tribunal señaló que los consejeros opositores ratificaron personalmente su presentación, lo que garantiza la identidad de los requirentes y la seriedad de la solicitud. La decisión rechazó así el recurso de reposición de la defensa, aunque contó con un voto disidente del exdiputado Gabriel Ascencio, quien consideró que el libelo debía declararse inadmisible.
Los ministros que votaron por admitir a trámite el requerimiento fueron Arturo José Prado Puga, Mauricio Alonso Silva Cancino, Adelita Inés Ravanales Arriagada, y María Cristina Gajardo Harboe, presididos por Prado Puga.
Un frente paralelo en la justicia penal
El revés en el Tricel se suma a otro frente judicial que enfrenta Orrego. La Fiscalía de Antofagasta solicitó su desafuero para formalizarlo en el caso ProCultura, que involucra convenios por más de $1.690 millones suscritos con la fundación dirigida por Alberto Larraín. La audiencia en la Corte de Apelaciones está programada para el 6 de octubre, fecha clave para determinar la continuación de la investigación penal.
Contexto político y repercusiones
El libelo ante el Tricel no solo pone en cuestión la gestión administrativa de Orrego, sino que también genera tensión política en la Región Metropolitana. Consejeros regionales de oposición, como Álvaro Bellolio (UDI), han sido impulsores de la acción, sosteniendo que la utilización de fondos públicos con fines políticos constituye una falta grave a la probidad.
Mientras tanto, la defensa del gobernador insiste en que los cuestionamientos son de forma y no de fondo, buscando preservar la estabilidad del cargo mientras se desarrollan los procesos judiciales y administrativos.
La decisión del Tricel marca, en cualquier caso, un primer revés formal para Orrego, estableciendo que la solicitud de remoción deberá seguir su curso y abriendo la puerta a un debate que podría definir su permanencia al frente del Gobierno Regional Metropolitano.
