
Dos diputados del norte del país, Renzo Trisotti (Tarapacá) y Jaime Araya (Antofagasta), presentaron recientes requerimientos ante el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) y la Contraloría General de la República (CGR), con el fin de investigar la legalidad y efectos de instructivos internos del MINVU que permiten suscribir escrituras de viviendas sociales desde el extranjero.

El diputado Renzo Trisotti envió dos oficios: uno al Ministro de Vivienda, Carlos Montes, solicitando detalles sobre la existencia del instructivo, la cantidad de casos verificados, fiscalizaciones realizadas y sanciones aplicadas; y otro a la Contraloría General de la República, solicitando un procedimiento de fiscalización formal para determinar la legalidad del instructivo, verificar que las viviendas sean ocupadas por los beneficiarios correctos y evaluar posibles responsabilidades administrativas y legales. Trisotti recalcó que “con el gran déficit habitacional que tenemos en Tarapacá, las viviendas deben llegar a personas que realmente las necesitan y que residen en Chile”.



Por su parte, el diputado Jaime Araya, en un contacto telefónico exclusivo durante el matinal “Todos Juntos” de Vilas Radio, denunció que en Antofagasta y otras comunas del norte se han detectado viviendas sociales ocupadas por personas que no cumplen con criterios de necesidad, muchas veces arrendadas de manera lucrativa antes de cumplir cinco años de entrega. Araya explicó que constructores habrían elaborado instructivos internos para que beneficiarios puedan suscribir escrituras desde el extranjero, facilitando el uso indebido de estos inmuebles.
El legislador de Antofagasta agregó que esta situación afecta directamente a familias que viven en campamentos o allegadas, quienes esperan años para acceder a una vivienda, mientras que personas sin necesidad social se aprovechan de los programas estatales. También denunció problemas con la calidad de las construcciones y proyectos paralizados, donde recursos públicos destinados a viviendas de calidad no se han cumplido, dejando numerosos inmuebles sin terminar y generando pérdidas millonarias para el Estado.
Ambos diputados coincidieron en la necesidad de una investigación profunda y urgente, con participación de la Contraloría y del Ministerio Público, para determinar la existencia de conductas irregulares o delitos, y asegurar la correcta administración de los recursos públicos destinados a viviendas sociales.
Trisotti y Araya hicieron un llamado a la ciudadanía a entregar antecedentes sobre irregularidades, los cuales serán revisados y remitidos a las autoridades competentes. Destacaron que la corrupción en la entrega de viviendas sociales constituye una amenaza para la democracia y los derechos de las familias, y que se deben implementar medidas efectivas de control, sanción y recuperación de inmuebles entregados de manera irregular.


Finalmente, ambos legisladores insistieron en que la Contraloría Nacional y los servicios públicos asociados ejerzan un control efectivo, monitoreen los procedimientos y aseguren que la administración de viviendas sociales cumpla con los principios de legalidad, transparencia y equidad, protegiendo así a las familias más vulnerables y fortaleciendo la confianza en el sistema de asignación de viviendas en el norte de Chile.