El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Max Cancino Cancino, condenó a tres efectivos en retiro de la Armada por su responsabilidad en el delito de secuestro con grave daño del dirigente sindical Modesto Segundo Oyanedel Larenas, secretario del Sindicato Profesional de Conductores de Radiotaxis y Servicios Especiales de Viña del Mar en la época de los hechos.
El ilícito ocurrió en octubre de 1973, en la ciudad de Valparaíso, y según el fallo de la causa rol 467-2019, los condenados —Juan de Dios Reyes Basaur, Héctor Vicente Santibáñez y Sergio Hevia Febres Obreque— recibirán penas de cinco años y un día de presidio, en calidad de autores del delito.
En su resolución, el ministro Cancino detalló la existencia de un “Servicio de Inteligencia de la Comandancia de Área Jurisdiccional de Seguridad Interior” (SICAJSI), una agrupación jerarquizada y disciplinada que operó desde el 11 de septiembre de 1973. Esta organización, compuesta por agentes de distintas reparticiones de la defensa nacional, especialmente de la Armada, tenía como objetivo la represión de personas opositoras al régimen militar mediante detenciones ilegales y torturas físicas y psicológicas.
El fallo establece que Modesto Oyanedel fue detenido el 16 de octubre de 1973 por funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile, tras órdenes del SICAJSI y de autoridades policiales, bajo la sospecha de que el sindicato al que pertenecía entregaba información sobre movimientos de tropas y vigilancias policiales a dirigentes del Partido Socialista Regional.
Oyanedel fue trasladado al cuartel Silva Palma, en Playa Ancha, donde permaneció encerrado e interrogado sin orden judicial, siendo sometido a torturas que incluían la aplicación de corriente eléctrica. Solo en marzo de 1974, cinco meses después de su detención, el capitán de navío jefe del SICAJSI solicitó formalmente el inicio de un proceso judicial. Finalmente, Oyanedel quedó a disposición de la Fiscalía Naval en mayo de ese año y fue liberado el 27 de mayo de 1974.
Además de las condenas penales, el fallo civil determinó que el Fisco deberá pagar $20.000.000 por concepto de daño moral al hijo de la víctima.
El caso reafirma la responsabilidad de exmiembros de la Armada en graves violaciones a los derechos humanos durante los primeros meses de la dictadura militar, y constituye un precedente en la búsqueda de justicia para las víctimas de secuestro y tortura.
