PEDRO CASTILLO DESDE PRISIÓN: INVOCA A PRESIDENTES DE CHILE, BOLIVIA, BRASIL Y COLOMBIA A “IR A LA GUERRA” CONTRA LA CORRUPCIÓN Y DELINCUENCIA
En la sesión 52 de su juicio por el fallido golpe de Estado, el expresidente peruano lanzó acusaciones y arengas que reflejan la crisis política y judicial que sacude a Perú.
El expresidente de Perú, Pedro Castillo, recluido en el penal de Barbadillo y enfrentando un proceso judicial por un intento de golpe de Estado, volvió a generar controversia con declaraciones que cruzan la línea entre la defensa legal y el discurso político.
En la sesión 52 del juicio, Castillo hizo un llamado a los presidentes de Colombia, Chile, Bolivia y Brasil para que “vayan a la guerra”, no contra enemigos externos, sino “contra la delincuencia, la corrupción y el saqueo” que, según su visión, minan a la región.
Más allá de la retórica, sus palabras reflejan una estrategia de victimización y confrontación, en un contexto donde la Fiscalía ha presentado una denuncia constitucional que lo acusa de liderar una compleja red de corrupción con la complicidad de legisladores y funcionarios públicos. Esta denuncia, que involucra a varios congresistas del partido Acción Popular, conocidos como ‘Los Niños’, apunta a delitos graves como organización criminal, tráfico de influencias y cohecho pasivo impropio.
Durante su intervención, Castillo insistió en su inocencia, calificándose a sí mismo como un “presidente secuestrado” por el sistema judicial y político. Sin embargo, sus ataques a la institucionalidad y sus opositores, a quienes tildó de “falsos patriotas” y acusó de vínculos con el narcotráfico, no hicieron más que ahondar la polarización que afecta al país.
La jueza Norma Carbajal tuvo que intervenir para limitar la exposición del expresidente, recordándole que el espacio era solo para su presentación. No obstante, Castillo desoyó la orden y continuó con un discurso que, lejos de aportar al proceso, contribuyó a un ambiente de confrontación y espectáculo mediático.
Denuncia constitucional y la red de corrupción
El Ministerio Público sostiene que Castillo encabezó una organización criminal que operaba mediante la compra de votos en el Congreso, favoreciendo a determinados legisladores a cambio de prebendas.
La imputación incluye a figuras como Jorge Flores, Raúl Doroteo, Darwin Espinoza y otros, extendiéndose a varias personalidades del entorno político de Castillo.
Este entramado delictivo, según la Fiscalía, representa un serio atentado contra la democracia y el Estado de derecho en Perú, lo que ha provocado una fuerte reacción política y social en medio de una crisis de gobernabilidad.
Un momento crítico para la democracia peruana
Las recientes declaraciones y el avance judicial evidencian la profunda crisis institucional que vive Perú. Mientras Castillo busca posicionarse como un mártir político y llama a una “guerra” regional contra la corrupción, los hechos lo ubican en el centro de un escándalo de corrupción sin precedentes.
El país se enfrenta a un dilema: reforzar el respeto a las instituciones y el estado de derecho, o ceder a la polarización que amenaza con desestabilizar aún más la frágil democracia peruana.
El juicio y las investigaciones en curso serán clave para definir el rumbo político del país en los próximos años, con una sociedad expectante y dividida.
