“CUENTE CON NUESTRAS ARMAS”: POLICÍA BOLIVARIANA RESPONDE A EE.UU. TRAS OFERTA MILLONARIA CONTRA MADURO
En una jornada de alta tensión diplomática, el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (PNB) ratificó su lealtad al presidente Nicolás Maduro, luego que Estados Unidos anunciara una recompensa de hasta 50 millones de dólares por información que conduzca a su detención.
El gesto público de respaldo, difundido en redes por la propia institución y por mandos militares, subraya la cohesión entre el poder civil-militar del chavismo ante la ofensiva internacional.
El anuncio de Washington y las acusaciones
La oferta de la recompensa fue comunicada por la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, en un mensaje masificado en redes y respaldado por los departamentos de Estado y Justicia de EE. UU. La medida duplica un monto previo y se sustenta en acusaciones que vinculan al entorno de Maduro con redes de narcotráfico, entre ellas referencias a organizaciones como el Tren de Aragua, el cártel de Sinaloa y el llamado Cartel de los Soles. El anuncio oficial del gobierno estadounidense está disponible en un comunicado del Departamento de Estado.
“Cuente con las armas…”: mensaje desde la PNB
En un video publicado en su cuenta de Instagram, el comandante general de la PNB, Rubén Santiago, afirmó: “Cuente con las armas de la Policía Nacional Bolivariana para defender la revolución”, y calificó la medida de Estados Unidos de “infame” e “inescrupulosa”. En su pronunciamiento, Santiago aseguró hablar en nombre de “más de 93.000” funcionarios que integran la institución y repudió la recompensa como un intento de “mancillar la soberanía” del país.
Fuerzas armadas y contrainteligencia: rechazo formal y advertencias
No sólo la PNB salió al paso. La Guardia de Honor Presidencial y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), a cargo del mayor general Javier Marcano Tábata, emitieron comunicados oficiales calificando las acusaciones como una “atrocidad” y un “monumento pétreo a la mentira y la falsedad”, y ratificaron su “lealtad absoluta” al mandatario, según difundió la vocería oficial. En los mensajes se describe la medida como una agresión contra la autodeterminación venezolana y se advierte que las instituciones están “listas y dispuestas” para defender la patria.
Reacciones externas: aliados y oposición
Gobiernos aliados de Caracas reaccionaron con rechazo: La Habana y otros aliados regionales condenaron la decisión de Washington como injerencista, y Teherán la calificó también como una agresión diplomática, según comunicados oficiales y declaraciones recogidas por medios internacionales.
Por su parte, figuras del bloque opositor recibieron la noticia con interpretaciones distintas: algunos vieron la medida como un apoyo internacional para debilitar al régimen y acelerar una salida política; otras voces –en prisión o en el exilio– llamaron a capitalizar la presión externa. Líderes opositores como María Corina Machado han pedido desde hace meses mayor acción internacional contra Maduro y, según reportes, celebraron la nueva presión estadounidense.
Qué significa — y qué puede pasar ahora
- Simbolismo vs. eficacia: Analistas consultados por medios internacionales subrayan que, más allá del impacto político y mediático, una recompensa de esta magnitud enfrenta limitaciones prácticas: el control del Estado sobre fuerzas de seguridad y la estructura institucional hacen poco probable una captura sencilla del jefe de Estado sin fracturas internas profundas. La medida, en todo caso, intensifica la presión jurídica y diplomática sobre el régimen.
- Riesgo de escalada: Los pronunciamientos públicos de la PNB y de mandos militares elevan la retórica de confrontación y podrían endurecer la narrativa oficial en el plano interno (movilizaciones, declaraciones, operativos), aunque no implican por sí solos acciones ofensivas directas contra terceros.
- Impacto internacional: La decisión reconfigura la mesa regional: por un lado refuerza la estrategia de presión estadounidense; por otro, consolida la respuesta unida de aliados de Caracas y la ofensiva comunicacional del gobierno venezolano, que calificará la medida como “agresión” y “operación política”.
