Tras la polémica liberación de Alberto Carlos Mejía, presunto autor del crimen contra el “Rey de Meiggs”, el Ministerio Público puso la lupa sobre nueve personas que habrían tenido responsabilidad en el hecho, según detalló el fiscal regional Occidente, Marcos Pastén.
Entre los involucrados se cuenta la jueza suspendida Irene Rodríguez, siete gendarmes y una funcionaria judicial.
Rodríguez ya fue interrogada en calidad de imputada y es investigada por el presunto delito de prevaricación culposa.
De acuerdo con el fiscal Marcos Pastén, el delito de prevaricación culposa se configura cuando un funcionario público dicta una resolución contraria a derecho con pleno conocimiento de su ilegalidad, o cuando, por negligencia, omite medidas que habrían evitado un perjuicio.
En esa línea, Diego Muñoz, profesor de Derecho en la Universidad del Desarrollo, sostuvo que el artículo 125 del Código Penal establece claramente que los jueces deben asumir responsabilidad por sus resoluciones. “En este caso, lo resuelto por el tribunal no puede derivar en culpa de terceros si hubo consecuencias negativas”, explicó.
«La jueza (Rodríguez) se defiende, en este caso, culpando a Gendarmería. Es parte de lo que ella plantea, indicando que ellos debieron haber hecho un análisis quizás más de fondo, comparar los documentos, y llamar al tribunal si tenían dudas, indicando -o no- más bien de que podría tratarse de un error esa orden de libertad», agregó Muñoz.
Una funcionaria del Octavo Juzgado de Garantía también está siendo investigada por posible falsificación de instrumento público, al haber redactado los documentos que provocaron la liberación del imputado, firmados luego por la jueza.
Aunque todos los involucrados están imputados, el fiscal indicó que todavía no se decide si serán formalizados o no.
