La Corte de Apelaciones de Iquique revocó la prisión preventiva dictada en contra de un imputado por el delito de receptación de vehículo motorizado, debido a la falta de fundamentación en la resolución original. La Corte destacó que la resolución judicial debe cumplir con las exigencias mínimas de fundamentación para no vulnerar el derecho a la libertad personal y seguridad individual.
La Corte señaló que el juez de primera instancia no justificó adecuadamente la necesidad de cautela ni abordó los argumentos de la defensa, lo que torna la decisión en un acto ilegal. Además, la Corte rechazó las justificaciones posteriores del juez sobre su estado de salud, enfatizando que no excusa el deber de dictar resoluciones fundadas.
En particular, la Corte destacó que el juez no consideró adecuadamente los antecedentes personales del imputado, como su arraigo social, familiar y laboral, y no motivó por qué se descartaban medidas menos gravosas. La Corte también señaló que el juez no abordó adecuadamente los argumentos de la defensa sobre la imposibilidad de conocer el origen ilícito del vehículo.
En consecuencia, la Corte acogió el recurso de amparo y dejó sin efecto la prisión preventiva, disponiendo en su lugar medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional. La decisión destaca la importancia del debido proceso y el derecho a conocer los motivos de restricción de libertad.
La Corte de Iquique enfatizó que la fundamentación de las resoluciones judiciales es una garantía esencial del debido proceso y que su incumplimiento puede tornar la decisión en un acto ilegal. La Corte también destacó que la libertad personal y la seguridad individual son derechos fundamentales que deben ser protegidos por los tribunales de justicia.
En este sentido, la Corte de Iquique envió un mensaje claro sobre la importancia de la fundamentación en las resoluciones judiciales y la necesidad de proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. La decisión de la Corte es un importante precedente que destaca la importancia del debido proceso y la protección de los derechos humanos en la administración de justicia.
