Un operativo conjunto permitió la incautación de material explosivo de uso minero hallado en las inmediaciones del cerro Huantaca, en el sector camino a Caleta Buena, comuna de Alto Hospicio. El procedimiento fue encabezado por personal de la 3ª Comisaría de Carabineros y el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE).
Según antecedentes proporcionados por Carabineros, el denunciante indicó que la mina había sido arrendada desde 2021, pero actualmente se encontraba en condición de abandono, tras el incumplimiento de obligaciones por parte de los arrendatarios. En ese contexto y, al constatar la existencia de elementos explosivos almacenados en un lugar no habilitado como polvorín, procedió a alertar a las autoridades.
En el lugar, el equipo especializado del GOPE verificó la presencia de material explosivo en condiciones óptimas para su uso, lo que implicaba un riesgo significativo si no era manejado adecuadamente. El material encontrado incluía sacos de Anfonor, cordón detonante, mecha de seguridad, cartuchos de Emulnor 3000 y detonadores mecánicos, todos de la marca Famesa.
Por instrucción del Ministerio Público, se dispuso el levantamiento, incautación y destrucción del material, siguiendo los protocolos técnicos y de seguridad establecidos.
El seremi de Minería de Tarapacá, Wladimir Astudillo, valoró el despliegue interinstitucional, señalando que “la detección de este tipo de materiales fuera de los estándares de almacenamiento exigidos por la normativa minera constituye un riesgo real para las personas y el entorno. Como autoridad del ramo, estamos trabajando coordinadamente para evitar que estas situaciones se repitan y reforzar el control en faenas que estén en condición de abandono o irregularidad”.
Por su parte, la seremi de Seguridad Pública, Ana María Peralta, destacó la importancia del trabajo articulado en la prevención de incidentes de alto riesgo: “Esta acción demuestra la efectividad de la coordinación entre las instituciones de seguridad, fiscalización y control. Estamos comprometidos con proteger a la ciudadanía y actuar con celeridad ante cualquier situación que pueda poner en riesgo la integridad de las personas”.
Las autoridades evalúan eventuales responsabilidades administrativas o legales relacionadas con el hallazgo.
