ZOFRI S.A. emitió una declaración en respuesta al reciente informe de la Contraloría General de la República, que detectó una serie de irregularidades en las operaciones realizadas entre 2018 y 2022. La auditoría surgió tras una denuncia parlamentaria, y el informe final de 2023 pone en cuestión, entre otros aspectos, la contratación del presidente del directorio para servicios de asesoría.
En su comunicado, ZOFRI S.A. subrayó que desde que el actual directorio asumió en mayo de 2022, se solicitó «tomar todas las acciones tendientes a esclarecer cualquier situación que pudiera poner en duda la transparencia de la gestión de la compañía». Asimismo, señalaron haber facilitado todos los antecedentes requeridos por la Contraloría para contribuir con el proceso de auditoría.
El informe de la Contraloría reveló que, durante los años auditados, se realizaron desembolsos por $245.984.240 sin el debido respaldo ni un desglose detallado de las operaciones. Estos pagos se efectuaron en el marco de un contrato de asesoría suscrito con el presidente del directorio de la época, quien recibía un monto fijo mensual, además de cubrirse todos los gastos externos sin una autorización previa.
Ante estas observaciones, ZOFRI S.A. destacó que «la transparencia y la rectitud son pilares fundamentales» de su gestión, y afirmaron haber reforzado los controles internos de la empresa. «Hemos fortalecido nuestros procesos para resguardar la integridad de nuestras operaciones», indicó la compañía.
El informe de la Contraloría también expuso que la contratación del director vulneró normativas básicas sobre conflictos de interés y exigencias mínimas para negociar con personas relacionadas. En consecuencia, la Contraloría ordenó a ZOFRI adoptar medidas para asegurar la trazabilidad de los flujos de aprobación de gastos.
Finalmente, la Contraloría remitió los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para que se tomen las acciones legales correspondientes. ZOFRI S.A. manifestó su plena confianza en las instituciones del Estado y su disposición para colaborar en todo el proceso.
