Unión Española y Deportes Iquique optaron por desistir de cualquier acción en la justicia ordinaria y aceptar el descenso a Primera B tras el cierre de la temporada 2025 del fútbol chileno, marcando un giro definitivo en el conflicto que ambos clubes sostenían con la ANFP.
La determinación no respondió a un cambio en sus argumentos deportivos o reglamentarios, sino al riesgo económico que implicaba enfrentar un conflicto con Turner, empresa propietaria de los derechos de transmisión y controladora de TNT Sports, cuyos ingresos resultan clave para la estabilidad financiera de los clubes.
De acuerdo a los antecedentes conocidos, las directivas de ambos elencos —asesoradas por el abogado Cristóbal Osorio— concluyeron que judicializar el reclamo podía abrir un escenario de represalias contractuales, afectando directamente los dineros provenientes de la televisación.
El conflicto se había intensificado luego de que el directorio de la ANFP rechazara la solicitud presentada por Unión Española, con el respaldo de Deportes Iquique, para revertir el descenso, argumentando una incongruencia entre el reglamento general y las bases del Campeonato Nacional 2025. Tras ese rechazo, la opción de acudir a tribunales fue evaluada, pero finalmente descartada.
Uno de los factores decisivos fue la entrada en vigencia, para la temporada 2026, del “Cuaderno de Cargos del Licenciatario”, un documento de 27 páginas elaborado por la ANFP junto a TNT Sports, que redefine la relación entre los clubes y la empresa televisiva. Este texto establece obligaciones estrictas, sanciones económicas y un calendario rígido que busca impedir la suspensión de partidos, protegiendo el producto televisivo.
En ese escenario, una disputa judicial que alterara el desarrollo normal de la competencia podía traducirse en multas, pérdida de ingresos o eventuales conflictos contractuales, un riesgo que ambos clubes decidieron no asumir.
El caso de Unión Española y Deportes Iquique deja en evidencia el peso determinante del negocio televisivo en el fútbol chileno, donde las decisiones institucionales y deportivas terminan condicionadas por factores económicos, limitando el margen de acción de los clubes frente a resoluciones de la ANFP.
