El recorte presupuestario pondrá en riesgo investigaciones contra organizaciones criminales como el Tren de Aragua y podría obligar a cerrar o reducir líneas estratégicas de trabajo en la frontera norte.
En el norte de Chile, la frontera no es una línea: es un frente de batalla.
Y en medio de ese frente, la Fiscalía de Tarapacá acaba de recibir una noticia que cayó como un balde de agua fría: a partir de 2026, la unidad especializada que investiga crimen organizado, narcotráfico, bandas transnacionales y corrupción pública podría perder a siete de sus profesionales clave.
No es un ajuste menor. Es un recorte que amenaza con debilitar la primera línea de defensa contra organizaciones como el Tren de Aragua, traficantes internacionales y redes criminales que operan entre Chile, Bolivia y Perú.
El ajuste que lo cambia todo
La reducción afecta directamente al Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) de Tarapacá, unidad que ha operado desde 2022 con financiamiento proveniente de un convenio entre el Estado de Chile y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), fondos destinados exclusivamente al fortalecimiento de la persecución penal.
Ese financiamiento expira a fines de 2025.
Si no hay renovación, siete profesionales especializados dejarán sus cargos antes de comenzar 2026.
Se trata de:
- Abogados
- Ingenieros informáticos
- Analistas criminales
Profesionales que han sido claves para desarticular estructuras complejas, analizar vínculos internacionales y levantar inteligencia criminal.
Las cifras que hoy están en riesgo
El trabajo de esta unidad no es simbólico. Es concreto. Medible. Y contundente.
Solo en los últimos meses, el equipo especializado de Tarapacá ha logrado:
✔ 13 organizaciones criminales desarticuladas
✔ 125 personas detenidas, entre integrantes de bandas locales y transnacionales
✔ Imputados de nacionalidad chilena, colombiana, boliviana, peruana, dominicana y cubana
Drogas incautadas:
- 1.390 kilos de marihuana
- 189 kilos de cocaína
- 26 kilos de pasta base
- 4 kilos de ketamina
- 25 kilos de marihuana procesada
Armamento y explosivos:
- Más de 30 armas de fuego
- Municiones de distintos calibres
- Explosivos
- Material pirotécnico
Todo ese trabajo podría verse seriamente afectado.
“Es un golpe muy duro”: la advertencia desde la Fiscalía
La fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, no suaviza el diagnóstico:
“La salida de estos siete profesionales sería un golpe muy duro para la región. Ellos están desde el inicio de los procedimientos más relevantes. Son parte estructural de la investigación del crimen organizado”.
La autoridad advirtió que no existen recursos internos suficientes para reemplazar estas funciones sin afectar otras áreas.
El problema estructural: menos manos donde más se necesitan
En zonas críticas como la provincia del Tamarugal, el panorama ya es complejo:
- En la Fiscalía de Pozo Almonte actualmente trabajan solo:
- 2 fiscales
- 2 abogados
La posibilidad de redistribuir personal desde otras áreas es mínima.
“Sacar recursos de otras unidades significaría dejar desprotegidas otras investigaciones. No es una solución real”, admiten fuentes internas.
Las opciones que hoy se barajan son drásticas:
– Cerrar líneas investigativas
– Reducir persecución de causas complejas
– Priorizar solo casos de alto impacto, dejando decenas sin seguimiento profundo
El riesgo: más frontera, menos Estado
La paradoja es evidente: Mientras las bandas criminales se expanden, el Estado retrocede.
Tarapacá no investiga delitos comunes. Investiga:
- Crimen organizado internacional
- Tráfico de drogas a gran escala
- Redes transfronterizas
- Corrupción de funcionarios públicos
Son investigaciones largas, complejas y técnicas que requieren justamente el equipo que hoy está en riesgo.
El último intento: diciembre será clave
Los días 17 y 18 de diciembre, fiscales de todo Chile sostendrán una reunión nacional donde se espera que este escenario sea abordado frente a las autoridades centrales.
La región buscará una salida política, presupuestaria o administrativa. Pero, por ahora, el escenario es incierto.
La frontera donde todo empieza
Tarapacá no es solo un territorio más.
Es la puerta de entrada de gran parte de las operaciones criminales que luego se expanden hacia el centro del país.
Reducir la capacidad investigativa aquí no es un problema local.
Es un riesgo país.
