El Decimotercer Juzgado Civil de Santiago resolvió condenar al Fisco de Chile al pago de $40 millones a una mujer que fue detenida en septiembre de 1985 por Carabineros y posteriormente sometida a torturas. La sentencia, basada en la calificación de delitos de lesa humanidad, descarta la prescripción de la acción civil y ratifica la imprescriptibilidad de los hechos por su gravedad.
En el fallo, la jueza sostuvo que “la demandante sufrió daño emocional, psicológico y físico como consecuencia de los distintos actos represivos que vivió”, respaldado en documentos emitidos por el Instituto de Salud Mental y Derechos Humanos (ILAS), la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas y el Arzobispado de Santiago. Además, se consideró clave que la mujer fue reconocida oficialmente como víctima por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.
El tribunal concluyó que los antecedentes probatorios, entre ellos testimonios y registros médicos, permiten establecer la existencia de un daño moral grave y persistente, derivado de los actos cometidos por funcionarios del Estado. “La detención y tortura no habrían ocurrido sin la intervención directa de agentes estatales”, se lee en la resolución.
Finalmente, la sentencia sostiene que, debido a la severidad de los hechos y sus consecuencias, “se estima prudencialmente tasar el referido daño moral en la suma de $40.000.000 (cuarenta millones de pesos), suma que resulta acorde con la gravedad de los hechos acreditados”. Esta resolución refuerza la responsabilidad del Estado en la reparación de crímenes cometidos durante el régimen militar.
