A través de un proyecto de conservación para la Escuela Darío Salas en Arica, el Tribunal de Contratación Pública anuló el proceso porque faltaba el certificado de experiencia del demandante.
Según informó el Tribunal de Contratación Pública, que acogió la acción de impugnación interpuesta por una empresa constructora contra el Servicio Local de Educación Pública Chinchorro, declarando ilegal y arbitraria la Resolución Exenta que adjudicó la licitación Conservación Escuela Darío Salas, Arica» a otra empresa.
En ese sentido, el fallo estableció que la Comisión Evaluadora, “realizó la evaluación de forma incorrecta dado que la oferta del demandante, al no considerar como válido un certificado de experiencia que cumplía con los requisitos establecidos por las bases, hecho que fue admitido por la entidad demandada que se allanó a la solicitud de la actora, reconociendo la efectividad de los fundamentos expuestos para solicitar la anulación de la adjudicación”.
Ante ello, el demandante reclamó que la evaluación realizada por dicha comisión en el criterio, “experiencia del oferente en el rubro”, adolece de ilegalidad al no considerar como válido un certificado de experiencia que sí cumplía con los requisitos establecidos por las bases.
Debido a ello el Tribunal señaló que los actos impugnados, “deben ser calificados como ilegales y arbitrarios”, puesto que los argumentos presentados por la demandante y aceptados por el Servicio Local de Educación Pública Chinchorro.
De este modo, el Tribunal ordenó al Servicio Local de Educación Pública Chinchorro: “retrotraer el procedimiento licitatorio al estado de efectuarse una nueva evaluación de las ofertas de los oferentes, con la sola excepción de aquel cuya oferta fue declarada inadmisible en la resolución que invalidó la adjudicación, ciñéndose estrictamente a las disposiciones de las Bases Administrativas, Técnicas y Anexos que regularon la licitación, hasta su conclusión”.
En concreto y de acuerdo a todos los antecedentes, el Tribunal resolvió que la declaración de ilegalidad y arbitrariedad de la evaluación y adjudicación requiere una nueva evaluación de las ofertas, las que tienen que ajustarse a lo establecido correctamente en las bases de la licitación.
