El Tribunal Oral en lo Penal de Arica declaró culpable a un imputado por los delitos de tráfico ilícito de migrantes, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de municiones y armas de fuego, en una causa en la que la sede regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) participa activamente como parte querellante.
Se trata de J.D.G.M., acusado de coordinar el ingreso irregular de personas migrantes al país. Durante el juicio, el tribunal dio por establecidos los hechos que vinculan al imputado con una red de tráfico, luego de que interceptaciones telefónicas permitieran detectar la planificación del traslado de un numeroso grupo de personas hacia territorio nacional.
Estos antecedentes derivaron en un operativo policial encabezado por la PDI, realizado el 17 de noviembre de 2023 en el sector de Pampa Ossa, en la Región de Arica y Parinacota. En el procedimiento fueron encontrados 19 migrantes, entre ellos cuatro menores de edad, quienes se desplazaban guiados por dos personas dedicadas al tráfico ilegal, conocidos como “coyotes”, con destino a la ciudad de Arica.
Además del delito de tráfico de migrantes, el acusado fue declarado culpable por tráfico de drogas y por porte ilegal de armamento, incluyendo municiones y una granada, lo que agravó su responsabilidad penal en la causa.
La lectura de sentencia fue fijada para el 12 de diciembre, instancia en la que se conocerán las penas definitivas. En este contexto, la sede del INDH de Arica y Parinacota solicitó una condena de 10 años de presidio, subrayando la gravedad de los hechos, la vulneración de derechos humanos y el riesgo al que fueron expuestas las personas migrantes, especialmente los niños y niñas involucrados.
El caso se enmarca en los esfuerzos institucionales por combatir el tráfico ilícito de migrantes en la zona norte del país, fenómeno que ha tenido un impacto significativo en la región y que es abordado desde una perspectiva penal y de protección de derechos fundamentales.
🟢 IMPORTANTE ACLARACIÓN: De acuerdo con el principio de presunción de inocencia, toda persona acusada de un delito debe ser considerada inocente mientras no exista una sentencia judicial firme que determine su culpabilidad. Esta nota aborda un proceso aún en desarrollo y no pretende prejuzgar los hechos ni el resultado final de las investigaciones.
