El Primer Tribunal Ambiental realizó una audiencia de revisión de medidas cautelares que mantienen suspendidas las faenas mineras de Quiborax en el Salar de Surire, en la Región de Arica y Parinacota. La demanda fue presentada por el Consejo de Defensa del Estado por presunto daño ambiental.
La empresa Quiborax solicitó la revisión de la medida cautelar para autorizar un régimen de extracción restringido y extender el periodo previsto para la carga y transporte del mineral acopiado en el salar. El abogado de Quiborax argumentó que la medida cautelar vigente llevaría al cierre de la empresa, que se encuentra al borde de la insolvencia.
Por su parte, el Consejo de Defensa del Estado solicitó que se mantengan las medidas cautelares vigentes, permitiéndose solo la carga y transporte del mineral acopiado en el salar. El tribunal deberá resolver si se autoriza el nuevo régimen propuesto, se mantienen las medidas cautelares vigentes o se dejan sin efecto dichas medidas hasta la dictación de la sentencia definitiva.
La decisión del tribunal tendrá un impacto significativo en la empresa y en las comunidades indígenas del Salar de Surire, que han expresado su preocupación por la situación. La audiencia contó con la participación de representantes de Quiborax, el Consejo de Defensa del Estado y las comunidades indígenas, quienes expusieron sus argumentos y preocupaciones sobre el futuro de la extracción de ulexita en la región.
URGENTE LLAMADO A SALVAGUARDAR QUIBORAX
El senador Durana hizo un llamado a tomar medidas urgentes para evitar el cierre de Quiborax en la región de Arica y Parinacota. «Pónganse las pilas, no sigan destruyendo la región de Arica y Parinacota», enfatizó. Según explicó, el 1 de junio es el plazo límite para que la empresa comience a extraer mineral, lo que podría afectar a más de 20.000 fuentes de trabajo, empleos directos e indirectos, que representan el 25% del movimiento de carga en el puerto.
La región ya experimentó un descenso del 1,9% en el índice de productividad en el último trimestre, lo que agrava la situación. Ante esto, los senadores de la región han enviado una carta al presidente Boric solicitando su intervención para encontrar una solución a la controversia entre el Consejo de Defensa del Estado y Quiborax. «Si finalmente debe cerrar, los únicos que vamos a salir perjudicados somos los ariqueños y parinacotenses», concluyó el senador Durana.
