Las resoluciones que dejaron libres a tres ciudadanos venezolanos que traficaban a adultos y a niños por antiguos campos minados de Arica se conocen en medio de la preocupación por la migración irregular.
Lo anterior, tras una apelación de la Defensoría Penal Pública, el cual detalló el caso por el que fueron condenados los venezolanos Miguel Enrique Salas Valbuena, 26, José Menéndez Materno, 44, y José Ángel Díaz Yáñez, 25, los que fueron acusados de ingresar a 11 adultos ecuatorianos y venezolanos, además de cuatro niños ecuatorianos, por el desierto.
Los tres condenados fueron sindicados por el resto de los migrantes como sus guías o coyotes en su trayecto hacia Chile por el desierto, recorrido realizado a través del hito 18 de forma clandestina, previo pago de dinero, quienes también señalaron la existencia de pagos anteriores realizados en la ciudad de Tacna.
ANTECEDENTES DE LA CONDENA
En un procedimiento abreviado realizado el 7 de febrero en el Juzgado de Garantía de Arica, Salas Valbuena fue condenado a cinco años de cárcel y a pagar una multa de 30 Unidades Tributarias Mensuales (unos dos millones de pesos), como autor de tráfico de migrantes, informó el Poder Judicial.
El 10 de enero, Menéndez Materno y Díaz Yáñez habían sido sentenciados a la misma pena como autores de tráfico de migrantes calificado.
LIBERTAD VIGILADA INTENSIVA
En los tres casos se sustituyó la pena por la libertad vigilada intensiva, que implica reportarse mensualmente a Gendarmería. Los tres deberán también someterse a un programa de rehabilitación.
“En relación a los abreviados, tanto en esta como en otras materias, no se aplican reglas generales; lo que se hace es ponderar la posible pena que imputados arriesgan en un eventual juicio oral, el grado de vulnerabilidad en que estuvieron las víctimas, las circunstancias atenuantes, agravantes”, dijo el regional fiscal Mario Carrera, por escrito.
Detalló que no había “informes de incumplimiento” de Gendarmería.
REACCIONES
“Al no cumplir penas efectivas, estos traficantes vuelven a ingresar y delinquir en poco tiempo, poniendo en riesgo a nuestras comunidades y debilitando la seguridad fronteriza”, dijo el exdirector de migraciones, Álvaro Bellolio.
“Mientras desde la oposición se plantea que quienes trafican con vidas humanas o trafican drogas deben cumplir efectivamente sus condenas en Chile o, idealmente, ser cumplir la pena en su país de origen, el gobierno y en algunos casos, desde el Poder Judicial, se prioriza buscar expulsiones sin pena de cárcel, lo que genera impunidad y el gobierno se convierte, en la práctica, en una agencia de viajes para delincuentes”.
