El fallo del Tribunal Constitucional que dejó fuera del Senado a Isabel Allende (PS) por vender una propiedad al Estado activó alertas en el Congreso. La aplicación inédita del artículo 60 de la Constitución abre la puerta a nuevas revisiones sobre vínculos procedentes de otros parlamentarios.
Según una investigación de The Clinic, al menos cinco parlamentarios habrían recibido pagos con fondos públicos a través de empresas o sociedades en las que participan. Entre ellos están los senadores Juan Castro, Fidel Espinoza y Luciano Cruz-Coke, y los diputados Jaime Mulet y Ximena Ossandón.
En este contexto, algunos de los parlamentarios argumentan que se desligaron a tiempo, pero siguen figurando en documentos oficiales como socios o representantes. Otros, como Mulet, dejaron la empresa, pero la controladora pasó a ser su esposa. Incluso hay sociedades que han recibido miles de millones por contratos con el Estado.
Cabe destacar, que la Constitución establece en su artículo 60 que “cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado”, entre otros motivos como aceptar ser director de un banco.
PARLAMENTARIOS BAJO LA LUPA PÚBLICA
Juan Castro (PSC) aparece vinculado a la constructora Indemma, parte de una red de sociedades familiares que ha recibido más de $3 mil millones en contratos con entidades públicas. Aunque afirma no tener relación directa, su nombre figura entre los involucrados.
Fidel Espinoza (PS) figuró hasta 2018 como socio de una empresa de radio, Difusora Fresia, que tuvo contratos con municipios por $14 millones. Dice haberse salido en 2005, pero por un error legal su salida recién se registró 13 años después.
Jaime Mulet (FRVS) tuvo participación en una empresa ligada a una radio que operaba en Vallenar y recibió pagos estatales. Aunque se retiró después de asumir como diputado, su esposa quedó como controladora de la firma.
Ximena Ossandón (RN) es socia de una empresa que participa en Cumplo Chile, una plataforma para ofrecer servicios financieros que ha recibido más de $28 mil millones en transferencias del Estado por fondos en garantía. Ella argumenta que no tiene control directo ni gestiona la empresa.
Luciano Cruz-Coke (Evópoli) arrendó una propiedad a la Junji por cerca de $4 millones mensuales hasta fines de 2020. El contrato fue firmado antes de asumir su rol como senador, pero se mantuvo vigente durante sus primeros años en el Congreso.
¿Se vienen más destituciones? En el Congreso ya se habla de nuevas solicitudes, y el Tribunal Constitucional tendría que revisar caso a caso.
