La Comunidad Indígena Aymara Chusmiza-Usmagama emitió una dura declaración pública denunciando una «brutal agresión y despojo» tras la imposición de 27 concesiones mineras sobre su territorio ancestral en el altiplano de Tarapacá, afirmando que la medida fue adoptada sin consulta previa ni consentimiento.
Debido a ello, la comunidad a través del documento exige la nulidad inmediata de todas las concesiones y acusa directamente al actual Gobierno de violar la ley y faltar a la palabra.
En ese sentido, el núcleo de la denuncia apunta a la violación del Convenio 169 de la OIT, que obliga al Estado a consultar a los pueblos indígenas antes de adoptar medidas que les afecten. La comunidad califica esta omisión como «violencia institucionalizada» y una «estrategia que se repite».
El tono más severo se dirige a las promesas incumplidas del actual Ejecutivo: «Y lo más doloroso es que esta vez el engaño vino desde un gobierno que se dice progresista… Hoy decimos con claridad: este gobierno nos ha mentido. Nos ha fallado mirándonos a los ojos.»
Por otra parte, la Comunidad exige al Estado chileno que deje de actuar como si sus tierras estuvieran disponibles para negociar con empresas, recordando que ya sufrieron el despojo de sus aguas en 1996. «Exigimos respeto real, no simbólico. La consulta previa, libre e informada no es una sugerencia: es una obligación jurídica, política y moral.»
Finalmente, la comunidad demanda la nulidad inmediata de las 27 concesiones, una reparación integral por el daño territorial y cultural, y garantías de no repetición para evitar futuras entregas de territorio sin consentimiento indígena. La declaración cierra con un llamado a la solidaridad nacional e internacional.
