La Contraloría General de la República (CGR) decidió intervenir en el polémico caso del Hospital Base San José de Osorno, donde un exfuncionario con Trastorno del Espectro Autista (TEA) denunció haber sido víctima de tratos crueles, vejaciones e incluso torturas por parte de sus compañeros de trabajo entre 2018 y 2020.
El organismo contralor anunció que someterá a control de legalidad la documentación con la que se ponga término al sumario abierto contra los cuatro funcionarios involucrados, tras la filtración de registros que evidencian los abusos, como desnudamientos, quemaduras con vapor y cortes de cabello sin consentimiento. “Indagaremos además si existen hechos que configuren eventuales responsabilidades administrativas de las jefaturas del centro asistencial”, precisó la CGR en sus redes sociales.
El caso, que conmocionó al país, había sido inicialmente cerrado sin sanciones, pero fue reabierto en agosto de 2024 al aparecer nuevos antecedentes que acreditan el actuar de los acusados. Según explicó Héctor Alarcón, director (s) del Servicio de Salud Osorno, el sumario está en su etapa final, con las sanciones notificadas a los cuatro funcionarios y actualmente en fase de apelación. “Ahora los acusados cuentan con un plazo legal para realizar sus descargos”, agregó Alarcón, precisando que los implicados permanecen suspendidos de sus funciones, pero no desvinculados mientras el proceso continúa.
La situación se volvió a instalar en la agenda pública luego de la filtración de fotografías y videos que muestran los abusos cometidos en el hospital. La subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, condenó los hechos y calificó la situación como “absolutamente inaceptable”. “Como Ministerio de Salud nos indigna lo que ha ocurrido en el hospital y no es algo que vamos a aceptar y que condenamos tajantemente”, afirmó.
Con esta medida, la Contraloría busca garantizar que el procedimiento disciplinario se ajuste a derecho, asegurando que se investiguen responsabilidades tanto de los agresores como de las autoridades del centro asistencial. La comunidad y los organismos de derechos humanos esperan que el caso sirva como un fuerte precedente contra los abusos y vejámenes en espacios laborales, especialmente en entornos de salud y atención a personas con discapacidad.
