La iniciativa aprobada por la Cámara modifica la Constitución para integrar a Gendarmería a las fuerzas de orden, cambiar su dependencia institucional y disolver las asociaciones de funcionarios, lo que ahora deberá ser revisado por el Senado.
Un terremoto político e institucional se desató en el Congreso. Con una votación que provocó tanto ovaciones como abucheos en el hemiciclo, la Cámara de Diputados despachó al Senado una reforma constitucional con potencial de alterar el mapa de la seguridad pública chilena. La medida incorpora a Gendarmería de Chile formalmente dentro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, junto con Carabineros y la Policía de Investigaciones, pero su punto más polémico —y explosivo para miles de funcionarios penitenciarios— es el fin de las asociaciones y gremios internos al cuerpo, un cambio que desató resistencia, críticas y un debate encendido entre el oficialismo, la oposición y los propios trabajadores.
Una votación que sacudió el Congreso
La jornada legislativa comenzó con un ambiente caliente. En la Sala de la Cámara Baja, la reforma se aprobó por 88 votos a favor, 16 en contra y 14 abstenciones, superando con holgura el quórum requerido para modificar la Constitución. El respaldo fue transversal, pese a las fricciones internas en algunos sectores políticos.
Más allá del logro numérico, lo que realmente encendió la discusión fue la disposición que elimina las asociaciones de funcionarios de Gendarmería de Chile, lo que marca un quiebre profundo en la regulación de los estatutos laborales de este cuerpo.
Del Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad: un cambio de timón
Hasta ahora, Gendarmería dependía del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con un enfoque más orientado a la reinserción social y administración penitenciaria.
Con la reforma aprobada, la institución pasará a quedar bajo el Ministerio de Seguridad Pública, situándola en pie de igualdad con Carabineros y la PDI en términos constitucionales y estratégicos. Desde el Ejecutivo han defendido esta modificación señalando que responde a la realidad actual del país y al rol que Gendarmería ya cumple en funciones de seguridad interior.
A juicio de la administración del presidente Gabriel Boric, la integración completa al sistema de orden público era necesaria para enfrentar realidades complejas como el crimen organizado dentro y fuera de los recintos carcelarios.
Borrón y cuenta nueva: fin de los gremios penitenciarios
El punto más controversial de la reforma fue, sin duda, la aprobación de la disolución automática de las asociaciones de funcionarios de Gendarmería, incluidas las que representan a personal uniformado.
La Sala votó específicamente una disposición transitoria que indica que esas organizaciones quedarán disueltas desde la publicación de la reforma constitucional. Los gremios deberán proceder a su liquidación según la ley bajo la cual fueron constituidos.
Este aspecto abrió un choque frontal entre varios gremios y parlamentarios, incluyendo voces dentro del oficialismo que vieron en la medida una limitación al derecho de asociación y sindicalización de los trabajadores.
Resistencias, críticas y tensiones internas
Dirigentes de gremios penitenciarios habían expresado una fuerte resistencia al avance de esta iniciativa, alegando que vulnera derechos laborales básicos y desconoce las realidades de quienes prestan servicio dentro de un sistema penitenciario tensionado.
El Gobierno, por su parte, ha insistido en que esta medida es coherente con la nueva naturaleza constitucional de Gendarmería, que, por añadidura, ya había sido fortalecida en años recientes con leyes que ampliaron sus competencias y atribuciones en el ámbito de la seguridad pública.
Un nuevo esquema institucional… pero ¿a qué costo?
Además de la disolución de gremios, la reforma constitucional también ordena que en un plazo de 12 meses desde su publicación, el Presidente de la República presente proyectos de ley que creen un servicio especializado en reinserción social, separando así formalmente las funciones de seguridad de aquellas de rehabilitación penitenciaria.
Este detalle apunta a una reorganización profunda del sistema penitenciario chileno, con una clara intención de reforzar el control del orden interno y externo. Sin embargo, también abre interrogantes sobre derechos laborales, condiciones de trabajo y la articulación futura de políticas penitenciarias y de seguridad.
El siguiente round está en el Senado
Con la aprobación en general y particular en la Cámara de Diputados, el proyecto sigue su curso constitucional y ahora debe enfrentar el debate en el Senado, donde se anticipa un capítulo intenso, con discusiones potencialmente más ásperas que las vividas en la Cámara Baja. Temas como impacto laboral, constitucionalidad de la limitación del derecho de asociación y la redefinición de las funciones de Gendarmería tomarán protagonismo.
Si se aprueba finalmente en el Senado, esta reforma podría marcar un antes y un después en la manera en que Chile entiende y ordena la seguridad pública, con consecuencias que van más allá de las paredes de las cárceles hacia el corazón del debate político y social.
