TENSIÓN EN EL ALTIPLANO: ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN Y CRIMEN TRANSNACIONAL SACUDE LA FRONTERA ENTRE BOLIVIA Y CHILE
El doble homicidio de ciudadanos chilenos en el sector de «México Chico» en Bolivia, cerca de Challapata, destapa una compleja trama de corrupción policial y crimen organizado. Mientras expertos denuncian que la policía boliviana utiliza vehículos robados en el extranjero para patrullar, la tesis de un ajuste de cuentas entre mafias transnacionales cobra fuerza frente a la versión oficial de las autoridades locales.
Lo que inicialmente fue presentado por las autoridades locales como un intento de robo, ha sido desestimado por especialistas en delitos transfronterizos. Hugo Bustos, director del Grupo de Búsqueda de Vehículos (GBV) de Chile, sostiene que el asesinato y tortura de las víctimas responde a una «transacción criminal fallida» entre mafias que operan en el corredor Chile-Bolivia, involucrando el intercambio de vehículos por sustancias ilícitas.
La arista más crítica del caso apunta a la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) de Bolivia. Según el análisis de registros audiovisuales de operativos oficiales, se han identificado unidades policiales bolivianas que coinciden con vehículos robados en el extranjero.
«El fenómeno es alarmante: una de las víctimas reconoció su propia camioneta, sustraída en territorio chileno, siendo utilizada por unidades de Inteligencia policial boliviana antes de ser asesinada», advirtió Bustos, sugiriendo una infiltración del crimen organizado en las estructuras estatales.
El caso ha evidenciado la fragilidad del control judicial en la zona. La reciente fuga de Ariel Andrés Reyes Novoa, único sobreviviente y testigo clave de las torturas, ha generado cuestionamientos sobre la custodia boliviana. Reyes, quien posee un extenso historial delictivo internacional, es considerado una pieza fundamental para desarticular los nexos del hampa transandina.
Para los analistas, el sector de Challapata se ha consolidado como un enclave de «ley propia», donde el tráfico de armas, vehículos y drogas opera bajo un sistema de «negocios» que, al fallar, deriva en niveles de violencia extrema que desafían la soberanía de ambos países.
«Estamos ante un negocio que salió mal. No es delincuencia común; es una estructura de intercambio donde se triangulan vehículos robados, armas y microtráfico de drogas entre bandas de ambos países», señala Bustos. Según esta hipótesis, las víctimas habrían estado participando en una entrega que terminó en tortura y ejecución tras un quiebre en las negociaciones con las mafias locales.
El incidente pone de relieve la existencia de zonas de exclusión en el altiplano. «México Chico», en las cercanías de Challapata, funciona como un enclave donde rige la ley del contrabando. En esta zona, el tráfico de autos indocumentados es la principal economía, protegida por comunidades locales y mafias que desafían abiertamente la soberanía del Estado boliviano y la seguridad nacional chilena.
