Un funcionario de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), fue destituido tras ser sorprendido tocando música en vivo en dos bares de Isla de Pascua mientras tenía licencia médica con reposo total.
Por ello, la Corte Suprema confirmó la sentencia dictada por la Corte de Santiago, que rechazó el recurso de protección interpuesto en contra de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC ), que sancionó al actor con la destitución de su cargo.
Los antecedentes se remontan al año 2022, cuando durante dos noches, este funcionario dejó de lado la orden médica de reposo total y asistió a locales para tocar música en vivo.
Según indica el fallo judicial, éste lo hizo el 18 de junio y el 9 de julio, mientras tenía licencias médicas activas.
El afectado, que ejercía labores como meteorólogo, presentó recursos administrativos, y luego recurrió a la Corte de Apelaciones de Santiago alegando que su despido había sido injusto, arbitrario y sin un análisis adecuado de las pruebas.
Con las mismas características, pero en la región de Tarapacá, ocurrió una situación que hoy mantiene en la mira al director del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), Juan Pablo Sepúlveda Rosso, quien fue denunciado por sus propios funcionarios tras ser sorprendido tocando guitarra y cantando en un bar de Iquique el 29 de marzo de 2024, mientras se encontraba con licencia médica por reposo total entre el 21 de marzo y el 10 de abril de ese mismo año. Es más, las imágenes del episodio fueron publicadas por la propia banda en su cuenta de Instagram.
Éste actualmente se encuentra en desarrollo un procedimiento interno para revisar antecedentes administrativos, el cual será remitido oportunamente a la Contraloría Regional de Tarapacá.
Este caso se suma a tantos otros que, a nivel país, han generado cambios en las indagaciones a la que todos los funcionarios públicos deberán someterse tras presentar una licencia médica, sobre todo cuando, en las últimas horas, la Contraloría General de la República, ha emitido un nuevo informe que obliga a las administraciones a ser más precisos en el proceso de emisión de sumarios y, con ello, determinar las eventuales responsabilidades.
