A 30 días del inicio de la administración del Presidente José Antonio Kast, la autoridad regional destacó despliegue territorial, coordinación con policías y una inédita auditoría al aparato estatal. “No estamos para administrar, sino para ordenar”, enfatizó.
Con un mensaje centrado en el orden, la seguridad y la probidad en el uso de los recursos fiscales, la delegada presidencial regional de Tarapacá, Adriana Tapia Cifuentes, realizó un balance del primer mes de gestión del Gobierno, destacando una agenda marcada por acciones concretas y presencia activa en el territorio.
Desde su llegada al cargo, la autoridad ha impulsado un trabajo intensivo en terreno, priorizando la articulación con las fuerzas de seguridad y los distintos servicios públicos. Según explicó, el objetivo ha sido claro: enfrentar los principales problemas de la región con una estrategia coordinada y sostenida.
“Han sido semanas de despliegue constante, con foco en recuperar la tranquilidad de Tarapacá. Hemos fortalecido el trabajo con Carabineros, la PDI y las Fuerzas Armadas, con monitoreo permanente y operativos que buscan dar respuestas concretas a la ciudadanía”, sostuvo la delegada.
Coordinación y presencia: ejes del primer mes
Uno de los pilares de esta primera etapa ha sido la instalación de mesas de trabajo interinstitucionales, donde participan policías, autoridades sectoriales y servicios públicos, con el fin de mejorar la toma de decisiones y la ejecución de medidas en terreno.
Este enfoque, aseguran desde la Delegación, apunta a superar la fragmentación institucional y avanzar hacia una gestión más eficiente, especialmente en materias sensibles como la seguridad y el control territorial.
“Estamos donde la gente lo necesita. No venimos a observar, venimos a actuar, a ordenar y a trabajar junto a la comunidad para recuperar espacios que hoy generan preocupación”, enfatizó Tapia.
Seguridad y educación: prioridades legislativas
En paralelo, desde el nivel central se ha impulsado una agenda legislativa enfocada en reforzar la seguridad, incluyendo iniciativas orientadas a proteger los entornos educativos.
Entre ellas, destaca el proyecto “Escuelas Protegidas”, que busca garantizar condiciones seguras en establecimientos educacionales, junto con modificaciones legales que endurecen sanciones por delitos cometidos en estos recintos.
La autoridad regional valoró estas medidas, subrayando que apuntan a resguardar a estudiantes, docentes y comunidades educativas, en un contexto donde la violencia en estos espacios ha generado creciente preocupación.
Inspección Total al Estado: señal de control y transparencia
Uno de los anuncios más relevantes del período ha sido la implementación de una auditoría masiva al aparato público, denominada “Inspección Total al Estado”, considerada una de las acciones más ambiciosas en materia de control fiscal.
El proceso contempla la revisión de más de 500 servicios públicos a lo largo del país, con la participación de más de mil auditores internos, quienes ya han detectado alertas en áreas clave como transferencias de recursos, contrataciones, compras públicas y dotación de personal.
Si bien estas observaciones no implican necesariamente irregularidades, sí abren la puerta a investigaciones más profundas y eventuales correcciones en la gestión estatal.
“Esta es una señal clara de que no se tolerarán malas prácticas. Cada peso debe ser bien utilizado y llegar donde corresponde. Ese es el estándar que estamos instalando”, afirmó la delegada.
Un mensaje político claro
En su balance, Tapia fue enfática en definir el sello de la actual administración: orden institucional, control del gasto público y cercanía con la ciudadanía.
“Este primer mes ha estado marcado por decisiones firmes. Estamos comprometidos con un Estado más ordenado, transparente y al servicio de las personas. No vamos a mirar hacia el lado cuando se trate de cuidar los recursos públicos o garantizar la seguridad”, sostuvo.
Desafíos hacia adelante
De cara a los próximos meses, el foco estará puesto en consolidar las medidas implementadas, profundizar el trabajo en seguridad y avanzar en la ejecución de políticas públicas que permitan mejorar la calidad de vida en la región.
El mensaje desde Tarapacá es claro: el Gobierno busca instalar un cambio de ritmo en la gestión pública, donde la acción en terreno, el control institucional y la eficiencia sean protagonistas.
A un mes de iniciado, el camino recién comienza, pero las señales —según la autoridad— ya están sobre la mesa.
