El Gobierno Regional de Tarapacá inició la licitación de dos proyectos financiados con recursos FNDR por cerca de $2.000 millones, destinados a renovar y fortalecer el parque vehicular de la Policía de Investigaciones en la región.
La seguridad dejó de ser un discurso y comenzó a rodar sobre el asfalto. En medio de un escenario regional marcado por el avance del crimen organizado, el Gobierno Regional de Tarapacá dio un paso decisivo al activar la licitación de dos proyectos clave que reforzarán directamente la capacidad operativa de la Policía de Investigaciones de Chile. La inversión, cercana a los dos mil millones de pesos, apunta a un objetivo claro: dotar a la PDI de mayor protección, movilidad y reacción frente a delitos cada vez más complejos.
La medida no es menor. A contar de los últimos días de diciembre, el GORE puso en marcha los procesos administrativos para adquirir vehículos tácticos de alta especialización y una nueva flota destinada al trabajo investigativo cotidiano. Se trata de una inyección de recursos regionales financiados a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), que busca traducirse en presencia policial más efectiva en calles, rutas y zonas de difícil acceso.
Vehículos preparados para escenarios de alto riesgo
Uno de los proyectos más relevantes contempla la adquisición de dos vehículos ERTA, unidades diseñadas específicamente para operaciones de alto riesgo, irrupciones policiales y procedimientos contra organizaciones criminales estructuradas. Estas máquinas no solo incorporan blindaje, sino también equipamiento táctico que permite proteger a los funcionarios y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones extremas.
La llegada de estos vehículos significa un salto cualitativo para la PDI en Tarapacá. No se trata solo de transporte, sino de verdaderas plataformas móviles de seguridad, pensadas para enfrentar escenarios donde cada segundo y cada decisión pueden marcar la diferencia entre el éxito operativo y el riesgo vital.
Más presencia investigativa en todo el territorio
El segundo eje del plan apunta a reforzar el trabajo silencioso pero permanente de la policía civil: la investigación. Para ello, el Gobierno Regional licitó la compra de 19 vehículos SUV que permitirán renovar una flota que ya cumplió su ciclo operativo.
Estas unidades están pensadas para mejorar los tiempos de respuesta ante requerimientos del Ministerio Público, facilitar el despliegue territorial y asegurar condiciones adecuadas de traslado para los equipos policiales, tanto en áreas urbanas como rurales. En una región con extensas distancias, rutas complejas y zonas apartadas, la movilidad se transforma en una herramienta estratégica.
Coordinación política y policial
El impulso a estas iniciativas fue analizado en una reunión de alto nivel entre el gobernador regional José Miguel Carvajal, la presidenta de la Comisión de Seguridad del Consejo Regional, Lorena Ramírez, y la jefatura regional de la PDI. En la instancia se revisaron los alcances técnicos de las licitaciones y el impacto que tendrán en la seguridad pública.
Desde el Gobierno Regional subrayaron que esta inversión responde a una decisión política clara: destinar recursos regionales a fortalecer a las instituciones que combaten el delito en primera línea. La renovación del parque automotriz no solo busca eficiencia operativa, sino también resguardar la integridad de los funcionarios que enfrentan diariamente escenarios de alta complejidad.
Un mensaje directo a la ciudadanía
El inicio de estos procesos licitatorios marca una señal concreta hacia la comunidad. Detrás de cada patrullaje, cada investigación y cada procedimiento policial, existe planificación, inversión y una cadena de decisiones que apuntan a mejorar la seguridad de las personas.
Si los plazos se cumplen según lo programado, los nuevos vehículos podrían comenzar a operar durante el primer trimestre de 2026, incorporándose al despliegue cotidiano de la PDI en Tarapacá. Para entonces, la seguridad regional no solo tendrá nuevas ruedas, sino también mayor capacidad para enfrentar los desafíos que impone el crimen del siglo XXI.
En Tarapacá, la lucha contra la delincuencia ya no espera: avanza, se equipa y se prepara para responder.
