Tras enfrentar duros cuestionamientos por la falta de licitación pública y denuncias ante la Contraloría, el directorio de Zofri S.A. decidió postergar el proceso de extensión de contrato hasta 2050. La medida, que habría contado con el reparo del Ministerio de Hacienda, traslada la decisión estratégica sobre el futuro del sistema franco a la próxima administración de gobierno.
La incertidumbre se apoderó del principal motor económico del norte grande. Este martes, Zofri S.A. comunicó oficialmente la suspensión del proceso de renovación anticipada de su concesión, la cual pretendía extender su operación desde el año 2030 hasta el 2050. La medida implica que el futuro del sistema franco quedará en manos del próximo Gobierno, manteniendo plenamente vigente el contrato actual que expira en poco más de cuatro años.
Un plan de $115 mil millones bajo la lupa
El proyecto, que contaba con un respaldo del 95,11% en el papel —gracias al voto decisivo de Corfo, que posee el 75% de la propiedad—, prometía una inversión histórica superior a los $115.000 millones. Este capital estaba destinado a:
- Modernización de infraestructura y logística.
- Incorporación de nuevas tecnologías.
- Creación de nuevas unidades de negocio.
Sin embargo, el plan se estrelló contra una muralla de críticas. Accionistas minoritarios, gremios locales y autoridades regionales denunciaron una «falta de transparencia» al no existir un proceso de licitación abierta, calificando la maniobra como una decisión apresurada que podría hipotecar el desarrollo económico de Tarapacá por dos décadas adicionales.
El factor Hacienda y la «Incertidumbre»
Fuentes cercanas al proceso indican que el Ministerio de Hacienda habría manifestado serios reparos a Corfo sobre la conveniencia de cerrar este acuerdo ahora. Ante este escenario, la empresa optó por la retirada estratégica, aunque advirtió sobre las consecuencias.
Iván Berríos, presidente del directorio de Zofri S.A., señaló que esta reprogramación introduce un escenario de «mayor incertidumbre» para las inversiones de largo plazo. «La redefinición de los plazos podría impactar el ritmo de creación de empleo y la competitividad territorial en el mediano plazo», advirtió la compañía en su comunicado.
Estabilidad y compromisos regionales
Pese a la suspensión, la administración aseguró que la Zona Franca continuará operando con normalidad. Se ratificó el compromiso de seguir cumpliendo con la transferencia obligatoria del 15% de los ingresos brutos a los municipios de las regiones de Tarapacá y Arica y Parinacota, recurso vital para el financiamiento de obras locales.
Por ahora, el debate sobre si la Zofri debe seguir bajo el actual modelo de administración o abrirse a una licitación internacional queda postergado, dejando una tarea compleja para el equipo económico del próximo periodo presidencial.
