El Ministerio de Relaciones Exteriores finalizó una investigación de dos años que detectó una «falta de control generalizado» en la Embajada de Chile en Argentina durante el periodo 2021-2023. El informe sumarial describe un complejo esquema de pagos en efectivo y facturas informales que permitieron el uso del mercado informal de divisas (dólar blue) para gestionar fondos públicos fuera de los protocolos legales.
Es así como ExAnte, detalló hitos que marcaron este sumario, señalando que Alberto Van Klaveren, Canciller de la República: “Rechazó los recursos de apelación presentados por los sancionados en el proceso”.
Entre los principales sancionados figura Alberto Rodríguez, actual embajador de Chile en Marruecos, quien fue multado por su responsabilidad jerárquica al validar rendiciones sin el respaldo adecuado. La fiscalía de Cancillería aplicó medidas similares a otros altos cargos administrativos por omitir la supervisión de la gestión financiera y permitir que proveedores entregaran documentos hechos a mano no tributables.
En relación con ello, Alberto Rodríguez, exjefe de cancillería en Argentina y embajador en Marruecos, recibió una anotación de demérito y una multa del 10% de su remuneración, por no ejercer medidas de control jerárquico sobre el personal y validar rendiciones de cuentas sin respaldo adecuado.
La investigación de más de 2.500 fojas reveló que se pagaba por adelantado en dólares estadounidenses, bajo el pretexto de que los proveedores no aceptaban transferencias. Estos últimos cambiaban las divisas al valor del dólar blue —muy superior al oficial— para luego coordinar compras no relacionadas con el servicio original, sin que se lograra determinar si los excedentes fueron reintegrados íntegramente a la misión diplomática.
Otro de los implicados, Álvaro Arévalo, exjefe administrativo de la embajada, recibió una medida disciplinaria de anotación de demérito y un 5% de su sueldo por no ejercer en plenitud sus funciones y no supervisar a cabalidad la gestión financiera de su equipo contable.
Otras anomalías detectadas incluyen el uso indebido de gastos de representación por US$ 18 mil anuales y la manipulación de dispositivos de seguridad bancaria por personal no autorizado. Este escenario de descontrol administrativo derivó también en un complejo clima interno, marcado por denuncias de acoso laboral y disputas jerárquicas que persisten hasta la actualidad en la delegación.
