La Dirección Nacional del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) enfrenta una crisis institucional tras la salida temporal de su máxima autoridad, Andrés Herrera, quien fue apartado de sus funciones de manera preventiva. La medida fue instruida por el fiscal Santiago Rojas Alessandri en el marco de una investigación administrativa por presuntas infracciones a la Ley Karin, luego de que se formalizara una denuncia por conductas de acoso y maltrato laboral en contra del directivo.
El proceso tiene su origen en un altercado ocurrido el pasado mes de octubre, cuando Herrera habría tenido una fuerte confrontación con representantes de la Asociación de Funcionarios.
Según el libelo acusatorio, el director retiró violentamente papeles de protesta que los trabajadores habían instalado en el frontis del edificio institucional y habría proferido gritos contra los dirigentes, situación que derivó inicialmente en una licencia médica del propio Herrera.
Fuentes de la Asociación de Funcionarios del Sernac, señalaron: “Interpretamos que el sumario durará varios meses, por lo que su resultado quedará en manos del próximo gobierno de José Antonio Kast. Hasta entonces, Herrera seguirá recibiendo su sueldo de director nacional de $9.494.266 brutos mensuales”.
Mientras se desarrolla la indagatoria, el cargo está siendo subrogado por Carolina González, quien deberá liderar la institución durante un periodo de alta tensión interna.
La suspensión de Herrera fue notificada formalmente el pasado jueves y comunicada a toda la planta este lunes, confirmando que la autoridad seguirá percibiendo su remuneración íntegra mientras el fiscal determina si existió una vulneración a la dignidad de los trabajadores interpelados.
Por su parte, Rosa Sáez, Tesorera de la Asociación de Funcionarios, afirmó en la denuncia: “Herrera se aproximó a los dirigentes, interpelando y cuestionando la presencia de los carteles. Mantenía los puños cerrados con los papeles que había retirado de forma violenta del frontis”.
Se estima que la resolución final de este proceso demore varios meses debido a la complejidad de las diligencias requeridas por la normativa vigente. De esta forma, el destino administrativo del director nacional quedará sellado bajo la administración entrante, marcando un precedente clave en la aplicación de sanciones bajo la Ley Karin para cargos de alta dirección pública en el país.
