Una investigación dirigida por el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía Regional de Tarapacá, en conjunto con la Sección OS9 de Carabineros, permitió la detención y formalización de un imputado que disparó, en al menos cuatro oportunidades, contra un hombre a la salida de una discoteca ubicada en el sector norte de Iquique.
El hecho ocurrió aproximadamente a las 7:00 de la mañana del pasado 2 de febrero, cuando el imputado, un ciudadano chileno de iniciales S.A.M.F., de 29 años, en compañía de sujetos hasta ahora no identificados, concurrió a las afueras de una discoteca ubicada en la intersección de las calles Bolívar y Aníbal Pinto, en el sector norte de Iquique. En el lugar, se acercó a la víctima —un hombre— a quien amenazó y le exigió que se quitara la cadena que llevaba puesta. En ese momento, cuando la víctima se dio vuelta, el imputado procedió a dispararle por la espalda en al menos cuatro ocasiones, provocándole lesiones de carácter grave, con un período de recuperación estimado entre 30 y 60 días. Tras el ataque, el imputado se dio a la fuga.
Minutos después de la denuncia, el Equipo ECOH concurrió al sitio del suceso e instruyó diligencias al personal especializado de la Sección OS9 de Carabineros de Tarapacá, quienes iniciaron la búsqueda del sujeto, quien había huido fuera de la región.
Mediante técnicas investigativas, tales como la revisión de cámaras de seguridad, empadronamiento de testigos, seguimientos e interceptaciones, se logró establecer que el imputado pretendía reingresar a la región en una fecha reciente. Ante ello, la Fiscalía gestionó una orden de detención, siendo esta concretada por personal de Carabineros.
En la audiencia de formalización, el fiscal (s) de ECOH Tarapacá, Daniel Juacida, presentó las pericias desarrolladas en el marco de la investigación, las cuales dan cuenta de la participación del imputado en los hechos, formalizándolo por el delito de homicidio calificado frustrado. Asimismo, solicitó su prisión preventiva por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.
El tribunal acogió la solicitud de la Fiscalía y decretó la prisión preventiva, fijando un plazo de investigación de 90 días.
