Carabineros confirmó la baja inmediata de tres uniformados de la 1ª Comisaría de Calama tras una investigación penal que los vincula a presuntos pagos ilícitos recibidos para favorecer a empresas mineras y ferroviarias, evitando fiscalizaciones, infracciones y controles que debían aplicarse conforme a la ley.
Calama —ciudad que vive entre gigantes de cobre, trenes que atraviesan el desierto y la rutina forjada por quienes trabajan duro bajo el sol del norte— se vio sacudida los últimos días por una noticia que retumba más allá de sus calles polvorientas: tres carabineros de la 1ª Comisaría de Calama fueron dados de baja de la institución en el marco de una investigación por presunto cohecho, conductas que habrían lesionado gravemente a empresas mineras y ferroviarias de la región.
La medida, anunciada oficialmente por la II Zona de Carabineros Antofagasta, no solo marca un duro golpe administrativo para los uniformados implicados, sino que pone sobre la mesa una reflexión más profunda sobre la ética, la confianza pública y la responsabilidad institucional.
Tres uniformados, tres carreras truncadas
Los involucrados —un cabo primero y dos cabos segundos asignados a la 1ª Comisaría de Calama — fueron dados de baja inmediata tras una indagatoria liderada por el Departamento de Investigación de Organizaciones Criminales O.S.9, bajo la dirección del Ministerio Público y en coordinación con el Departamento de Asuntos Internos de Carabineros.
Según indicó el comunicado oficial, los antecedentes que motivaron la decisión dan cuenta de faltas graves a la ética profesional, vinculadas al presunto delito de cohecho, es decir, la obtención de beneficios o favores a cambio de omisiones o gestiones indebidas.
En palabras de la propia institución:
“Este tipo de conductas son absolutamente incompatibles con los valores y principios que rigen el actuar institucional, motivo por el cual se aplicaron con rigor las medidas administrativas correspondientes” — señalando además que estas acciones vulneraron la legalidad y la probidad que deben caracterizar a Carabineros.
Aunque los detalles precisos de las acusaciones no han sido revelados públicamente —por reservados y por la obligación de respetar las investigaciones en curso—, la mención expresa a empresas mineras y ferroviarias en la región sugiere que los hechos estarían relacionados con vínculos irregulares entre uniformados y sectores clave de la economía nortina, cuya actividad es vital tanto para Calama como para el país.
La investigación detrás de escena
El caso se encuentra bajo la supervisión del Ministerio Público, que encabeza la investigación penal, mientras que Carabineros de Chile se ha sumado a la diligencia a través de sus unidades especializadas en Asuntos Internos y el O.S.9, organismo que se encarga de indagar delitos complejos y presuntos vínculos con actividades criminales.
La coordinación entre estos actores es un paso inédito en la zona, particularmente por tratarse de una investigación donde se indaga a integrantes de la propia fuerza policial, lo que obliga a extremar el celo por la transparencia y el debido proceso.
Hasta ahora, las pesquisas han sido reservadas; sin embargo, fuentes extraoficiales ligadas a la causa aseguran que la fiscalía estaría recabando elementos que permitan no solo esclarecer la participación específica de los funcionarios dados de baja, sino también establecer si hubo o no una red de contactos e intermediaciones irregulares con personas o empresas externas a Carabineros.
Un golpe a la confianza institucional
Para muchos vecinos de Calama, la noticia representa una herida abierta a la confianza que la comunidad deposita en sus fuerzas policiales.
Un trabajador del sector ferroviario, que pidió no ser identificado, dijo a este medio:
“Es fuerte saber que alguien en quien uno confía para su seguridad podría estar haciendo tratos turbios con empresas… No es solo una baja, es un golpe al corazón de la ciudad”.
Esta percepción, compartida por pequeños comerciantes de la zona y trabajadores de medianas faenas mineras, refleja el impacto social de un caso que promete trascender lo meramente penal para convertirse en debate público sobre la integridad de quienes están llamados a proteger el orden.
La voz oficial: una institución que se autopurge
Desde la Zona de Carabineros Antofagasta, la respuesta institucional ha sido clara y firme:
“Carabineros de Chile reitera que este tipo de conductas son absolutamente incompatibles con los valores y principios que rigen el actuar institucional, motivo por el cual se aplicaron con rigor las medidas administrativas correspondientes, frente a estos hechos que vulneraron la legalidad y la probidad” — señaló el comunicado.
La declaración enfatiza que la decisión no solo responde a un acto aislado, sino a la política de tolerancia cero frente a cualquier conducta que atente contra la legalidad y la confianza pública, comprometiendo que la institución seguirá colaborando con las autoridades competentes para esclarecer todos los antecedentes.
¿Qué viene ahora?: La investigación sigue abierta
El proceso penal continúa bajo la supervisión del Ministerio Público, lo que implica que además de la baja administrativa, podría haber acciones judiciales adicionales, citaciones, formalizaciones o incluso detenciones dependiendo de cómo se desarrollen las diligencias.
Mientras tanto, Carabineros ha subrayado que este caso no representa a la totalidad de sus integrantes, y ha entregado su respaldo a los miles de funcionarios que despliegan su labor con integridad y dedicación en toda la región y el país.
Este hecho ha puesto nuevamente en el centro del debate la importancia de transparencia, rendición de cuentas y ética institucional, no solo en Calama, sino en todas las unidades policiales del país, mientras la ciudadanía observa con atención y exigencia de que la justicia no solo actúe, sino que también sea vista actuando.
🟢 IMPORTANTE ACLARACIÓN
De acuerdo con el principio de presunción de inocencia, toda persona acusada de un delito debe ser considerada inocente mientras no exista una sentencia judicial firme que determine su culpabilidad.
Esta nota aborda un proceso aún en desarrollo y no pretende prejuzgar los hechos ni el resultado final de las investigaciones.
